La organización Human Rights Watch pidió hoy que Venezuela investigue «el uso de la fuerza letal» por parte de agentes de seguridad en una requisa la semana pasada en el centro penal de Uribana que dejó 58 muertos, y tome medidas para impedir más incidentes.
En un comunicado de prensa, Human Rights Watch (HRW) dijo que las autoridades de Venezuela deben adoptar medidas para impedir incidentes como el del pasado 25 de enero, durante una requisa en un centro carcelario para buscar armas.
Según versiones oficiales, al menos 58 personas murieron durante el enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y presos de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara. El incidente también dejó 46 internos gravemente heridos que debieron ser hospitalizados.
«El número de muertos genera serias preocupaciones que la fuerza letal utilizada en la cárcel de Uribana puede haber sido considerablemente desproporcionada en relación a las necesidades de seguridad», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
«Si bien el Gobierno tiene justificación para desarmar a los reclusos, cuando haya resistencia durante los controles, debería observar siempre los principios internacionales sobre el uso de la fuerza letal», agregó.
HRW se hizo eco de informes de los medios de que la prisión «primero fue rodeada con tanques y luego cientos de soldados de la Guardia Nacional participaron en un operativo para confiscar armas».
Según el grupo humanitario, la ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, expresó que había ordenado la requisa ante actos de violencia entre los reclusos, algunos de los cuales habían atacado a miembros de la Guardia Nacional apenas comenzó el operativo.
El vicepresidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Diosdado Cabello, que iniciaran una investigación para esclarecer las muertes, dijo HRW.
Sin embargo, en el pasado, la intervención de la Fiscalía y distintos legisladores en la averiguación de incidentes similares durante 2011 y 2012 no generó «ninguna explicación pública de lo sucedido ni (condujo) a que se determinara las identidades de los responsables de muertos y heridos», se quejó Vivanco.
Desde hace años, según HRW, persisten en las cárceles venezolanas problemas como el hacinamiento, condiciones precarias, una alta proporción de internos que purgan prisión preventiva, y «guardias corruptos que trafican armas y estupefacientes a los presos».
Además, continuó, es común que se produzcan muertes durante enfrentamientos entre pandillas de internos que se disputan el control del penal.
En 2012, murieron 591 internos y otros 1.132 resultaron heridos durante incidentes violentos en cárceles venezolanas, según datos de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones.
EFE
