Una de las personas que se reunió con Nicolás Maduro, resumió sus “razones” para oponerse la medida humanitaria pedida para Iván Simonovis, en que si a los familiares de éste “les duelen sus enfermedades” a ellos también les “dolían sus muertos y heridos”, pasando por encima del hecho de que de los 19 fallecidos del 11-A, la mayoría -que son tan víctimas de estos hechos como las que más- los pusieron las filas opositoras
El pasado jueves iba a realizarse una audiencia en el caso de Iván Simonovis para decidir si se le concedía o no, como en efecto le corresponde con base en la Constitución y la ley, una medida de libertad condicional por motivos humanitarios que le permita atender sus necesidades médicas, dado lo delicado de su estado de salud actual. La audiencia se suspendió en virtud de que el médico forense que se suponía debía asistir a la misma no compareció, y fue diferida, con lo que a Iván, a su familia y a Venezuela se nos postergó la angustia por al menos unos quince días más.
En la última de las solicitudes hechas por su defensa, diecinueve exámenes médicos acreditan la gravedad del cuadro de salud de Simonovis, lo que a todas luces justifica, sin necesidad de hacer más consideraciones, que se le conceda la medida humanitaria pedida con base en los artículos 502 y 503 del COPP.
El SEBIN no es una institución penitenciaria, por lo que difícilmente allí se pueden mantener reclusos, mucho menos personas sentenciadas y muy enfermas, por períodos superiores a los que son normales en los casos de detenciones preventivas a cargo de los cuerpos de seguridad. En el SEBIN, por donde se le vea, no deben permanecer personas que hayan sido ya formalmente condenadas, ni que estén enfermas, pues sus instalaciones no están habilitadas para garantizar a ningún recluso las facilidades mínimas esenciales, que mundialmente son reconocidas para que los privados de su libertad puedan ser protegidos en su salud, ni para cumplir con los objetivos resocializadores, por cuestionados que sean hoy por hoy, pautados en nuestra Carta Magna en su artículo 272.
En busca de justicia
Sin embargo no son los aspectos legales los que me ocupan. Sí me preocupa que ese mismo jueves, después de que se difirió la audiencia de Iván Simonovis, el Vicepresidente Maduro hizo público que se había reunido con un grupo de víctimas (al menos así se hacen llamar algunos de los que estaban allí) del 11A que se oponían, más desde la ira que desde la razón o desde la verdad, a que Simonovis fuera sujeto de la medida humanitaria solicitada, y reclamaban en consecuencia, “justicia y paz” en una visión bastante distorsionada de lo que éstas en realidad deben ser.
Me explico, en toda sociedad civilizada y verdaderamente humanista, la ley es el gran límite de los impulsos humanos, sobre todo de los vindicativos. Cuando un código penal establece una pena para un determinado delito, no sólo nos dice cuál es el castigo para el culpable, sino que además lo delimita y precisa, imponiéndonos a todos los demás la obligación de respetar, que nos guste o no, con un condenado no se puede hacer lo que nos venga en gana, sino sólo lo que la ley prescribe. Si no existieran normas que abroquelaran no sólo el desempeño del poder, sino además nuestras naturales y subjetivas respuestas y reacciones frente a ciertos acontecimientos, estaríamos viviendo en un mundo en el que lejos de la razón, lo que prevalecería sería el caos. Sin la ley, cada quien iría por la vida devolviendo afrentas, reales o imaginarias, sobre la base de lo que subjetivamente considerase conveniente, al calor de sus propias pasiones y sin límite alguno, lo cual no puede sino degenerar en un estado general de “guerra de todos contra todos”, en el que sólo llevarían las de ganar los que mejor supieran dañar o matar, tengan o no la razón en sus actos. La justicia tal y como se la entiende modernamente, sería en este escenario poco menos que un concepto vacío, y esta visión vindicativa, retaliativa y negativa, nos afectaría a todos sin piedad y sin hacer reparos en cuáles son nuestras ideas o nuestras posturas políticas. Nada sería más alejado de una pretensión de paz.
Venganza no es justicia
Una de las personas que se reunió con Maduro resumió sus “razones” (si pudiera poner más comillas lo haría), para oponerse la medida humanitaria pedida en que si a los familiares de éste “les duelen sus enfermedades” a ellos también les “dolían sus muertos y heridos”, pasando por encima del hecho de que de los diecinueve fallecidos de aquellas fechas, la mayoría -que son tan víctimas de estos hechos como las que más- los pusieron las filas opositoras. Luego remataron, pobladas de ira las palabras y respondiendo a la sentida misiva que Ivana Simonovis, le hizo llegar esta semana que pasó al Vicepresidente a favor de su padre, que “por lo menos esa muchachita ve a su papá tres veces al mes”, como si eso fuese una gracia o como si tal situación fuese digna de ser reconocida como positiva.
Es la ira ciega entonces, que no la Constitución o la ley, y el peso del “sí porque sí” que no el argumento, la norma o la palabra, las fuerzas que impulsan a estas personas a oponerse a una medida humanitaria, que duélale a quién le duela, legal y constitucionalmente le corresponde a Simonovis, dado su grave y suficientemente acreditado estado de salud. Si damos por cierto que quienes se reunieron con Maduro son víctimas directas o familiares de algunos de los que fallecieron el 11A, no podemos juzgar su humana disposición a la retaliación o a la venganza contra los que creen culpables de sus males, pues creo que cualquiera que haya perdido a un ser querido puede sentir eventualmente que la justicia terrena no le es suficiente; pero eso es una cosa y otra muy diferente es querer, desde la rabia, que se violen las normas sólo porque no estamos de acuerdo con lo que éstas disponen.
“Dura lex, sed lex”
Obvian los iracundos reclamantes que en lo que refiere a los sucesos de Abril de 2002, la justicia no ha llegado, pues de una manera harto irregular sólo se han producido condenas por dos de los diecinueve fallecidos, que incluyen tanto a oficialistas como a opositores. Aún si damos por válida la condena a Simonovis, a Forero, a Vivas y a los PM (que no lo es por muchas razones) nos quedarían todavía diecisiete cadáveres esperando en sus tumbas por una justicia que no llega, sencillamente porque al poder no le interesa la verdad, sino consolidar una “versión oficial” de los hechos de abril de 2002 que se adapte a sus subalternas necesidades políticas.
“Dura lex, sed lex” (la ley es dura, pero es la ley), así reza un antiguo aforismo jurídico, y esto es así tanto para quienes son tenidos por criminales como para las víctimas de los delitos. Aún en el supuesto negadísimo de que Simonovis hubiese asesinado u ordenado asesinar a alguien el 11A, lo cierto es que la ley ya fue lo suficientemente dura con él, y se le condenó injustamente a la pena máxima que permite la Bolivariana. En contrapartida, y en el supuesto de que estas vehementes personas que se reunieron con Maduro fuesen víctimas de los sucesos de abril de 2002, o de algún acto u omisión de Simonovis, también les toca aceptar que la ley, la misma que fue dura con Iván será ahora dura con ellas, pues le garantiza a él fórmulas alternativas al cumplimiento de su pena en reclusión, que puede que no le gusten a algunos, pero son las que existen y las que aplican en este caso.
