Reglamento que regula a los motorizados cumple un año y cuatro meses de su promulgación por el presidente Hugo Chávez y todavía no se pone en práctica -pese a estar en vigencia- porque ha sido pospuesto reiteradamente por las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia
La autoridad negligente, el motorizado irresponsable y la anomia inaceptable, juntos y entremezclados, forman una verdadera bomba de tiempo que atenta contra la salud pública de la sociedad y sus comunidades.
En términos cristianos, equivale a vivir todos en medio de pecados, en una especie de Sodoma y Gomorra. En la perspectiva criminológica, significa sobrevivir en medio de la violencia sostenida y creciente, matándonos los unos a los otros. Bajo el enfoque psiquiátrico implica subsistir en un mundo desquiciado, en un manicomio manejado por los propios locos.
Lo acá escrito y descrito es una reflexión sobre una situación, cada vez más acuciante y preocupante, que pone en circunstancia de riesgo la paz ciudadana, la convivencia solidaria, el respeto humano, el grado satisfactorio de bienestar general. Conlleva el estrés social, la violencia personal y la delincuencia infamante que despoja, humilla y mata.
Caos en una comunidad
Relacionamos las palabras autoridad, motorizados y anomia en un intento de invocar la conciencia ciudadana en situaciones inconvenientes asociadas al tránsito en calles, avenidas, autopistas y carreteras del país.
Autoridad denomina a aquellos que operan el gobierno o que simplemente ejercen algún tipo de mando sobre toda o parte de la sociedad. Representa al Estado en algunos de sus poderes y niveles. Las autoridades estatales tienen la potestad de mandar y dar órdenes, las cuales deben ser acatadas por los ciudadanos siempre que aquellas actúen con respecto y respeto a las leyes y normas vigentes.
Motorizado, o mejor dicho motorista, define a aquel individuo que, regulado por Ley y facultado por alguna autoridad, conduce una motocicleta. Puede desplazarse libremente en el vehículo en horas, lugar y otras circunstancias que no le prohíbe la Ley. Debe y solo puede conducir dentro del marco regulatorio en que ha sido mandado por la autoridad competente. Al igual que la autoridad, el motorizado tiene que desempeñarse actuando con referencia y acatando las leyes y normas vigentes.
Anomia conceptúa ese estado anímico, individual o colectivo, que surge cuando las reglas sociales, económicas o políticas, particularmente las de convivencia y cohesión social, se han degradado o directamente se han eliminado, o que ya no son respetadas, acatadas o cumplidas por los integrantes de una comunidad. El concepto anomia hace referencia a la carencia de leyes y, por tal, ausencia de autoridades, caos entre los integrantes de una comunidad.
Reglamento es letra muerta
Este mes, el Reglamento que regula los motorizados cumple un año y cuatro meses de su promulgación por el presidente Hugo Chávez y todavía no se pone en práctica -pese a estar en vigencia- porque ha sido pospuesto reiteradamente por las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia. Les basta dar una excusa cualquiera y, entonces, parece aplicarse el famoso principio de «se cumple pero no se acata».
Ese texto legal se promulgó el 5 de octubre del año 2011. Los daños y perjuicios, morales y materiales están a la vista:
1. Violencia interpersonal entre motorizados y automovilistas o peatones.
2. Los hospitales están literalmente abarrotados de motoristas convalecientes y en vía de incapacidad o discapacidad.
3. Los cementerios a diario abren sus puertas a jóvenes fallecidos en numerosas y crecientes colisiones.
Terror en la vía
Leyes y reglamentos no faltan hoy; pero si no se las presupuesta e instrumenta resultan inejecutables.
Resulta muy común observar hechos alarmantes cada vez que acontece una colisión entre una moto y un vehículo automotor, y se confrontan un motorizado y un automovilista. De poco o nada valen las pólizas de responsable civil; simplemente se pone de manifiesto la amenaza física o material del actor social que se considera más fuerte en el momento. El motorizado, con razón y sin razón, se hace acompañar de otros muchos motoristas y, literalmente secuestran al automovilista en medio de un clima de auténtico terror en plena vía pública. Surge la reivindicación de indemnización económica y es el propio motorizado quien justiprecia el supuesto daño a su moto o a su integridad física. El automovilista sufre un real secuestro expreso y, mientras su vehículo queda retenido en riesgo de ser deteriorado o destruido, otro motorizado lo acompaña hasta un cajero automático para despojarle lo mucho o poco que pueda tener aquél en su cuenta bancaria.
A veces el desenlace es otro y, entonces el automovilista hace gala de algún arma de fuego, incluso dispara, hace que el grupo extorsionador se disuelva sabedores de que cuando hay alguien presto a matar poco valen los que en grupo alardean de guapos o valentones.
Sociedad enloquecida
La conclusión es clara, en medio de esa mezcla de lo antisocial, lo que reina es el delito y todos devenimos en delincuente; entonces rige el imperio de la corrupción y la concusión, la extorsión y la coima lucra, si no enriquece, a fiscales de tránsito, policías de circulación, guardias nacionales, funcionarios de Fiscalías y Tribunales. Es el mundo al revés. La sociedad enloquecida. Las comunidades desquiciadas.
Funcionarios que dan pena
Pero lo más vergonzoso es el papel de las autoridades llamadas a intervenir y mediar en conflictos de interés entre conductores, automovilistas y motorizados, donde los afectados prefieren que no se hagan presentes ya que, lejos de ayudar, acuden -en elevada proporción- para procurarse algún beneficio pecuniario. Sí, casi que cazan la ocasión para invocar las palabras mágicas ¡aquí hay infracciones de tránsito, corresponde aplicar boletas y multas e, incluso, habiendo lesionados, el caso deberá pasar a Fiscalía!
Son las señales que dicen tácita pero claramente a motorista y automovilista que de su acuerdo económico el Estado -en este caso el funcionario competente- debe percibir un beneficio. Se explicita el requerimiento ¡si notificamos a Fiscalía son por lo menos seis meses de espera y muchos serán los gastos en abogados y papeleo! ¡si el automóvil o la moto pasa la estacionamiento de Tránsito Terrestre hay que pagar cada día para que el vehículo no sea desvalijado, aparte del pago de gastos de estacionamiento! El fiscal de tránsito, el policía de circulación o el guardia nacional cobra lo suyo y, entonces, todo el mundo en paz y pa´su casa
Hernán Papaterra e-mail: hpapaterra@yahoo.com