«El fundamento último de las reformas (es) dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (…) e imponer un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad», afirma el texto difundido este martes
MADRID. Varias asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el día 20 de febrero en protesta por diferentes reformas judiciales emprendidas por el Gobierno, según un comunicado difundido el martes.
El texto, subido a la página web de la Unión Progresista de Fiscales (http://www.upfiscales.com) y firmado por cinco organizaciones, acusa al Gobierno de intentar sofocar la independencia judicial.
«El fundamento último de las reformas (es) dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (…) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad», afirma el texto.
El Ministerio de Justicia ha anunciado en los últimos meses varios proyectos de reformas, que afectan tanto al Código Penal como al Consejo del Poder Judicial -órgano de gobierno de los jueces- o al Registro Civil, que pasaría a cobrar por trámites.
Todas estas iniciativas han chocado con la oposición de buena parte de la magistratura, que ya se había pronunciado contra modificaciones como la introducción de tasas judiciales para procesos legales antes gratuitos, modificado en un proyecto posterior, o por la legislación en materia de desahucios.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las reformas son necesarias para modernizar y agilizar la justicia, y que los cambos en el CGPJ aumentan la pluralidad en el organismo al restar influencia a las asociaciones, a menudo vinculadas a tendencias políticas concretas.
No fue posible contactar con un representante del Ministerio para comentar la convocatoria de huelga.
Indultos, corrupción
y los desahucios…
La rebelión de los jueces, que ya han protagonizado protestas de menor escala en los últimos meses, se suma a la oposición despertada en otros sectores públicos como sanidad y educación ante las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que intenta reducir el déficit presupuestario hasta alcanzar las cotas pactadas con la Unión Europea.
El comunicado del martes, suscrito por cinco organizaciones de jueces y fiscales, es muy duro con los proyectos de Gallardón, tildando la reforma penal de «improvisada» y afirmando que la reforma del CGPJ pretende «la asunción por parte del Ministerio de Justicia del gobierno de los jueces».
Entre sus reivindicaciones están el aumento de presupuesto y personal en justicia, la eliminación o modificación de las tasas judiciales y la paralización de la reforma del CGPJ, que, afirman, con la reforma «pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia».
El texto señala a varios temas que han causado una gran polémica social en los últimos meses, como la concesión de indultos por parte del Gobierno, las ejecuciones hipotecarias o «casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo», una aparente alusión a las amplias ramificaciones del caso Gürtel.
Estas noticias han aumentado el descontento de la población, que sufre una grave crisis económica que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores españoles en el paro. Agencias
Un amplio respaldo
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman la convocatoria de huelga.
Indican, sin embargo, su disposición a suspenderla si se abandona «toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial» y se dota a la Administración de Justicia «de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos».
La Asociación de Fiscales señaló en un comunicado en su web (http://www.asociaciondefiscales.es/) que si bien «comprende y comparte» muchos de los argumentos de los huelguistas, no apoya la convocatoria de «una medida de presión tan radical».
Agencias