El bloqueo que mantiene una comisión de la Guardia Nacional en la calle 3-B de La Urbina por la toma de un edificio en la zona, ha generado grandes pérdidas a las empresas vecinas, a tal punto que muchos aseguran estar a punto de declarase en quiebra
El normal desarrollo de la vida en la zona industrial de la Calle 3-B de La Urbina se ha visto truncado desde el pasado noviembre, cuando un grupo de invasores ingresó y se alojó a un edificio que se encuentra abandonado en el lugar; creando así temor entre los vecinos por su proceder ilegal, que además, según algunas denuncias, han venido irrespetando diversas normas de convivencia y ciudadanía.
Pero no fue sino hasta el pasado 26 de enero que la escenario empeoró. Una orden emitida por el Tribunal 44 de Control dictó el desalojo definitivo de los tomistas, por lo que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se presentó en el lugar junto a una fiscal para hacerla cumplir, pero los acusados se negaron, lo que inició un enfrentamiento que presuntamente incluyó el uso de perdigones y bombas molotov.
Sin embargo el cometido no se logró; por lo que más de 150 ciudadanos continúan arbitrariamente en la edificación, mientras que los funcionarios acordonaron la zona impidiendo el paso de vehículos, lo que representa “un problema” para el proceder de las industrias cercanas, que han presentado “considerables pérdidas”. De hecho, algunos empresarios aseguraron haber disminuido su productividad hasta un 90%.
“En bajas”
Algunos propietarios indicaron que esta situación ha perjudicado a unos 450 empleados y 38 industrias de diferentes rubros, que han mermado su rendimiento hasta el punto de considerar la posibilidad de declarase en quiebra; pues no han podido mantener la producción regular, pero siguen generando los mismos gastos.
El administrador de una de estas empresa -cuya identidad prefirió no revelar por temor a represalias por parte de los ocupantes ilegales- declaró que se ha visto en la obligación de modificar su horario y tiempo de trabajo, que pasó de ocho horas diarias a tan sólo dos, ya que sin el uso de su camión están “prácticamente paralizados”.
“Nosotros poseemos una nómina de 13 personas que se presentan a diario a laborar, pero no lo pueden hacer por más de dos horas porque no tenemos la libertad de trabajar adecuadamente… Estar más tiempo aquí es perderlo, no hay nada que hacer si no podemos usar el camión. Ya estamos a punto de cumplir tres semanas en estas condiciones y mientras tanto nosotros estamos produciendo sólo al 10%”, señaló.
Y este es sólo un ejemplo de las realidades a las que se están enfrentando todas las industrias que quedaron dentro del perímetro de seguridad, tal como lo refirió otro empresario, quien debió alquilar un galpón temporal para combatir la posible baja, rindiendo así en un 75%. Mas afirmó que otros no han tenido la misma suerte.
“Una de las oficinas de por aquí está a punto de perderlo todo, ya se le han ido varios clientes por falta en las entregas de los proyectos, incumplimiento de compromisos… Es que cómo se le obliga a un empleado a venir, con el ambiente tan tenso como está y a sabiendas que pueden estar expuestos a bombas y gases tóxicos. Mientras los invasores estén ahí, otros serán quienes se queden en la calle”, expresó.
Inseguridad en aumento
La inseguridad se suma a los problemas que se han generado Calle 3-B de La Urbina por la invasión que mantiene en edificio Musillama, que antiguamente se proyectó para ser una policlínica pero nunca llegó a prestar servicios quedando en el abandono.
Según lo que denunciaron algunos vecinos, presuntamente se han registrados diversos hurtos desde que se realizó la toma, siento el último el pasado viernes, donde una de las industrias amaneció sin algunos de los electrodomésticos que utilizaba el personal en horas de almuerzo.
Desalojo pasivo
Desde el sábado 26 de enero, la Guardia Nacional Bolivariana mantiene cercada parte de Calle 3-B de La Urbina, al parecer, como medida de presión para que los invasores que permanecen ilegalmente en una edificación en la zona desde noviembre de 2012, se retiren del lugar voluntariamente, acatando así la orden que el Tribunal 44 de Control dictaminó, a favor del propietario del inmueble, a mediados del pasado diciembre.
“Creo que están esperando que a los invasores se les acaben la comida y se vean obligados a salir para poder comer… Llegará un momento que no les quedará de otra, porque no dejan pasar a nadie que no este identificado como de alguna empresa, y el paso de cualquier carro está completamente prohibido, así que no tienen como surtirse de alimentos”, informó un vecino.
Sin embargo, otros difirieron de este planteamiento y afirmaron que por la parte posterior del edificio, allegados a los tomistas los surten de los insumos que necesiten, pues este supuestamente es un punto siego para el cuerpo de seguridad del Estado.
Anabel Barrios Díaz / abarrios@diariolavoz.net
