Un grupo de organizaciones no gubernamentales de Venezuela se manifestó hoy a favor de que se aplique una medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovis, preso por los sucesos del 11 de abril de 2002 cuando un golpe de Estado separó al presidente, Hugo Chávez, del poder por 48 horas.
Miembros de las ONG acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas para recordar que faltan ocho días para que se realice la audiencia que evaluará una medida humanitaria a favor de Simonovis «por las graves condiciones de salud que padece» y pidieron «se aplique» la medida.
Las organizaciones Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Ipys Venezuela, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Un mundo sin Mordaza y Una Ventana a la Libertad, leyeron un comunicado ante periodistas en el que reiteraron que «simplemente» piden se aplique la Constitución.
Asimismo, aseguran que las condiciones de detención de Simonovis «son inhumanas, crueles y degradantes» y anunciaron que el próximo día 14 presentaran una solicitud a la Fiscal general, Luisa Ortega, para que se presente supuesta «información que deliberadamente ha sido obviada» acerca de los hechos de abril de 2002.
El pasado 31 de enero el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no «puede haber impunidad» para los responsables de los crímenes del golpe de Estado de 2002, días después de que familiares de Simonovis pidieran una medida humanitaria para el exjefe policial. «La ley tiene que caer con todo su peso sobre esos criminales, no puede haber impunidad sobre esos crímenes y esos criminales», manifestó Maduro después de haberse reunido esta mañana con familiares de las víctimas de la asonada.
El 11 de abril de 2002, miles de manifestantes de oposición que se dirigían a la sede del Gobierno para pedir la salida de Chávez fueron atacados, al igual que los simpatizantes del presidente, por francotiradores y policías metropolitanos, que mataron a 19 personas y dejaron al menos 100 heridos.
Tres jefes de la ya extinta Policía Metropolitana: Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero fueron encarcelados en diciembre de 2004 y condenados a la pena máxima acusados de haber ordenado disparar contra manifestantes afines a Chávez durante el golpe de Estado.
En julio de 2011, Forero recibió una medida humanitaria por el cáncer que padecía luego de que Chávez manifestara que los «políticos presos, que no es lo mismo que presos políticos», que estuvieran enfermos merecían beneficios penitenciarios independientemente del delito cometido.
EFE
