La nueva devaluación de la moneda en Venezuela, la quinta en diez años, arrancó este miércoles en medio de incertidumbre y dudas sobre cómo atenderá el gobierno la creciente demanda de dólares oficiales y cómo mitigará las presiones en el mercado paralelo, el cual se ha convertido en el marcador de los precios de una economía asediada por una galopante inflación.
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, dijo hoy a la televisora estatal que el «sistema administrado divisas trabaja con plena normalidad» tras la entrada en vigencia del ajuste cambiario que llevó el tipo de cambio de 4,30 bolívares por dólar a 6,30 bolívares por dólar, y la activación del Organo Superior para la Optimización del Sistema Cambiario que se encargará de dar orientaciones a las autoridades sobre la distribución de los dólares para las importaciones que sean consideradas como «prioritarias».
Giordani indicó que los términos del ajuste de la tasa de cambio están previstos en el convenio cambiario que fue publicado este miércoles en la Gaceta Oficial, donde también se incluyeron las funciones que cumplirá el nuevo ente estatal.
El ministro explicó que entre los objetivos básicos de las nuevas medidas económicas están el «preservación de los logros que ha adquirido este proceso bolivariano con la política social», y la «sostenibilidad financiera de acuerdo a los recursos disponibles en términos no solo de divisas sino todo lo que son esas transacciones con el exterior», que será impulsadas por el Organo Superior para la Optimización del Sistema Cambiario que estará integrado por el Ministerio de Petróleo y Minería, el Banco Central y el Ministerio de Planificación y Finanzas.
Las autoridades anunciaron el 8 de febrero que a partir del miércoles el precio del dólar será de 6,30 bolívares y que quedará eliminada la entrega de divisas a través de la venta de bonos en moneda extranjera, pero no ofrecieron detalles sobre cómo se suplirán los requerimientos de las grandes y medianas empresas e importadores, los cuales enfrentan problemas desde hace más de dos meses luego que se redujo progresivamente la entrega de dólares oficiales, situación que generó fuertes presiones en el llamado «mercado negro» y severos problemas de escasez de algunos alimentos y bienes.
El mercado paralelo no oficial, que se estima cubre cerca de 12% de la demanda local de divisas, se ha convertido en un «dolor de cabeza» para las autoridades, según reconocieron analistas consultados por la AP, debido a que no saben cómo controlar este mercado, el cual se ha convertido en el marcador de los precios que han avanzado de manera acelerada en los últimos meses.
El vicepresidente Nicolás Maduro ha asegurado que el gobierno dispone de suficientes divisas para atender todos los requerimientos de la economía, pero las recientes afirmaciones de Giordani, de que a partir del miércoles se adelantará una adecuación del sistema para darle un uso a las divisas «según nuestras prioridades», han dejado entrever que habrá un endurecimiento del control de cambios.
Ronald Balza, profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, descartó que el miércoles puedan verse mayores reacciones entre la población por efecto del ajuste cambiario debido a que «en Venezuela la devaluación se esperaba desde hace tiempo, y muchos se habían protegido ya» desde finales del año cuando se dieron compras masivas de productos, especialmente de electrodomésticos, y fuertes ajustes en los precios que estuvieron «asociados al precio del dólar negro».
La divisa estadounidense se vende en el mercado paralelo a más de tres veces del valor de tipo de cambio oficial. Desde finales del 2012 se viene observado una fuerte aceleración en los precios. En los meses de diciembre y enero se registraron tasas de inflación de 3,5% y 3,3% que hicieron saltar la anualizada a 22%.
Balza atribuyó las compras de electrodomésticos y otros bienes que se registraron en tiendas de la capital durante el asueto de carnaval, que fueron reportadas por los medios, a clientes rezagados, y sostuvo que las mayores adquisiciones las hicieron los venezolanos a finales del 2012 para protegerse de la esperada devaluación.
El analista dijo a la AP, en entrevista telefónica, que será inevitable que el salto de 4,30 bolívares a 6,30 bolívares en el precio del dólar genere impactos sobre la inflación, pero indicó que ese efecto «no es inmediato».
En un intento por aminorar temporalmente el impacto inflacionario de la medida, el gobierno acordó que las liquidaciones de divisas oficiales para los sectores de alimentos, comercio, comunicaciones, prensa, electrodomésticos, electrónico, informático, telecomunicaciones y salud, que se hayan solicitado tres meses antes del 15 de enero, mantendrán una tasa de cambio de 4,30 bolívares por dólar.
Asimismo, se estableció que los sectores automotriz, del caucho, del plástico, de la construcción, gráfico, de librería, papel, carbón, madera, químico, salud veterinaria, textil, entre otros, que hayan hecho solicitudes de divisas oficiales seis meses antes del 15 de enero se mantendrán a 4,30 bolívares por dólar.
José Guerra, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, dijo que por efecto del ajuste cambiario la inflación podría situarse este año en 25%, muy por encima de la tasa del 2012 que fue de 20,1%. A pesar de que Venezuela tiene control de precios y de cambio desde hace una década, en los últimos siete años ha registrado una de las mayores tasas de inflación de la región.
El ministro de Industria y vicepresidente para el Area Económica Productiva, Ricardo Menéndez, negó en la víspera que el salto de 46,5% en el precio del dólar pueda generar presiones inflacionarias, y dijo a la televisora estatal que es «una premisa falsa» que sean necesarios reajustes de precios luego de un ajuste cambiario.
Menéndez anunció que el gobierno intensificará la fiscalización en las empresas que reciben los dólares oficiales para evitar que incurran en especulación.
Luego de las devaluaciones que hizo el gobierno en los años 2004 y 2005, y los dos ajustes cambiarios que realizó durante el 2010, se anunciaron drásticas acciones contra los empresarios y comerciantes que incurrieran en aumentos de precios, pero a pesar de los controles y amenazas las autoridades no lograron detener la escalada de inflación que se dio por efecto del ajuste cambiario.
Guerra dijo a la AP, en entrevista telefónica, que ante las debilidades que enfrenta el gobierno en sus fuentes de dólares tiene dudas de que el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) puedan suplir los requerimientos de divisas, estimados en unos 7.000 millones de dólares al año, que se atendían a través del mecanismo de venta de bonos en dólares, llamado Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que fue eliminado la semana pasada.
El académico dijo que la demanda de divisas que quedará insatisfecha por la eliminación del Sitme podría moverse en parte hacia el mercado paralelo, generando fuertes tensiones en ese sector que incidirán en la cotización del «dólar negro», que a su vez presionará sobre la aceleración de los precios.
«El gran problema de este control (de cambio) es el tema del paralelo», indicó Guerra al reconocer que el «mercado negro» se ha convertido en «referencia» para el movimiento de los precios de la economía venezolana.
«Ellos (el gobierno) van a tener que empezar a anunciar qué van hacer, van a tener que sincerarse con el mercado paralelo», agregó.
Guerra señaló que otra «variable fundamental» que el gobierno deberá ponderar en medio de esta situación es el problema de la escasez de algunos alimentos y bienes básicos que se acentuado en los últimos meses debido a la caída de la producción local y el descenso en el ingreso de las importaciones que se ha originado por trabas en los puertos y la reducción en la entrega de los dólares oficiales.
El analista precisó que la demanda de divisas que quedará insatisfecha luego de la eliminación del Sitme podría originar problemas adicionales de escasez, cuyo índice saltó en enero a 20,4%, el nivel más alto desde que comenzó a medirse en el indicador en el 2009.
Las medidas económicas adoptadas hasta ahora por el gobierno son consideradas por los analistas como «insuficientes» para atender su problema central que es el déficit fiscal, que se estima alrededor de 16% del producto interno bruto (PIB).
Por efecto de la devaluación a 6,30 bolívares por dólar el gobierno lograría ingresos adicionales por unos 14.000 millones de dólares que le permitirán reducir el déficit en sólo tres puntos del PIB, indicó Guerra. Balza dijo que ante la «situación complicada» que enfrenta el gobierno en materia fiscal será inevitable que tenga que recurrir a nuevas medidas para atender todos los compromisos de gastos, especialmente en materia laboral.
Venezuela enfrenta estas dificultades económicas en medio de la incertidumbre generada por las complicaciones de salud que padece el presidente Hugo Chávez, que desde hace dos meses permanece en La Habana a donde viajó para someterse el 11 de diciembre a una compleja operación por la reincidencia del cáncer. El gobernante de 58 años tiene dos meses sin aparecer públicamente ni ofrecer declaraciones, lo que ha alimentado las dudas sobre su estado de salud.
AP
