El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, anunció este martes que además de su reunión en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por el tema de los prisioneros y exiliados venezolanos, será recibido por representantes de la Cruz Roja Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, todas con sede en Ginebra.
“Tal como ya lo hemos anunciado, este sensible caso que deseamos resolver por el bien de todo país, será abordado en una audiencia que se nos ha fijado para el venidero 11 de marzo en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, recordó el parlamentario, quien desde el pasado mes de noviembre realiza gestiones ante el gobierno venezolano y demás instituciones del poder público, así como ante diversos organismos de la vida nacional, a favor de la liberación de prisioneros, regreso a la patria de exiliados y respeto a la inmunidad parlamentaria.
En este sentido, explicó que se consignará la documentación que sustenta la solución de cada uno de los casos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en virtud de que el Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, lleva siete años como exiliado en Perú, al igual que otros civiles y militares, “y consideramos que puede existir una intermediación a favor de ellos ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de modo de facilitar su regreso al país”.
Comentó que la posibilidad de trabajar de los compatriotas que están privados de libertad o fuera de su país, los obliga a que tanto ellos como su entorno familiar estén bajo los rigores de la estrechez y la imposibilidad de un sano desenvolvimiento en condiciones dignas para la educación y el desarrollo, elemento por el cual vela la Organización Internacional de Trabajo.
Igualmente informó que la Cruz Roja Internacional, organismo que ha recibido la información de los prisioneros y exiliados, muchos de ellos en precarias condiciones de salud, también puede intermediar a favor de la resolución de esta situación que vulnera la posibilidad de tratamientos médicos y atenta contra la vida de muchos compatriotas, quienes bajo el imperio de la ley, tienen posibilidades que se le han negado, de atender su condición.
“El país espera que la justicia sea accesible para todos los ciudadanos por igual, y es justamente nuestro interés crear un clima de opinión tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en defensa y protección de los derechos humanos a tenor del texto constitucional, y su capítulo especialísimo, Título III, Capítulo 1, Artículo 21, numerales 1 y 2, y artículos 23, 25, 26, 27 y 31. Existen salidas que abrirían puertas a un verdadero diálogo nacional, planteado por el Presidente de la República, que pasan por acciones y decisiones tanto del poder legislativo, mediante una ley de amnistía y reconciliación política consignada ante la Asamblea Nacional, del poder ejecutivo, con las facultades presidenciales, o por actuaciones del poder judicial bajo la responsabilidad de los operadores de justicia”, comentó.
