“La persecución judicial y las torturas a los presos políticos, se han convertido en un juego macabro del régimen, con la intención de dañar y acabar la integridad física y moral, sin permitir acceso a la salud de manera oportuna”, sostuvo Lilia Camejo, miembro activa de Foro Penal Venezolano, quien además dio a conocer en detalle la persecución que vienen cometiendo los personeros del Gobierno contra todo aquel que disiente, al igual como también viene sucediendo con los estudiantes.
Hizo referencia a los casos, de Henry Vivas, Maria Afiuni, Simonovis y Alejandro Peña Escluza, entre otros presos políticos, en donde se ha evidenciado la presencia de cáncer y otras enfermedades en sus organismos y el Gobierno nacional ha negado tener medidas humanitarias al respecto.
De igual forma hizo mención al caso del empresario Kamel Salame Ajami a quien los tribunales le han diferido su juicio 37 veces y ya tiene cuatro años preso en Barinas, pero su caso está en Aragua. “Esta persona ha sido víctima del circuito judicial de Aragua, el cual se ha convertido en el epicentro de las torturas judiciales del país, pues la mayoría de estas causas conocidos como presos políticos han sido radicadas allí”, indicó Camejo, quien asegura que la juez quinta de juicio, Mari Carmen Amatista han negado en diversas oportunidades la revisión de la medida y el cambio de centro de reclusión por problemas de salud, determinados incluso por informes forenses del Cicpc, que indican la necesidad de una operación.
“Aquí el Gobierno niega que exista persecución alguna, pero este empresario es víctima por el sólo hecho de haber sido candidato a la alcaldía de San Felipe y posteriormente haber impugnado los resultados, lo que le trajo como consecuencia su detención y hostigamiento”, detalló Camejo, quien aseguró que esto forma parte de otra evidencia más del abuso y la manipulación judicial como política de Estado en este régimen, “que además es mentiroso”.
Criminalización de la protesta
Por su parte, Gonzalo Himiob, hizo referencia a las protestas estudiantiles y a los abusos de los organismos de seguridad e indicó que es inconstitucional e ilegal la represión contra una manifestación pacífica que busca conocer con certeza, la situación real de salud del Presidente.
“Aquí la lectura es que el poder le teme a la verdad, por eso agraden de esa forma a los estudiantes, que lo único que hacen es protestar encadenados de manera pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia”, comentó Himiob, quien dijo que es muy fácil deshacerse de tal manifestación si tan solo el Presidente le hablara al país y así se diluya cualquier tipo de dudas, sobre las competencias que tiene o no para gobernar.
Comentó que Foro Penal Venezolano, como ONG que defiende los derechos humanos, continua atenta y presta a colaborar ante cualquier pedimento, pues la intención es elevar las denuncias respetivas ante la fiscalía con pruebas y evidencias de los abusos policiales contra estos jóvenes y de ser necesario denunciar formalmente al Estado venezolano ante la CIDH. ”Con todos estos hechos además de estarse criminalizando la protesta, lo que se busca es la denticulación de la disidencia política en Venezuela”.
