El proyecto con la Asociación Civil Primero Justicia fue evaluado por cuatro comités distintos y finalmente aprobado por el Directorio de PDVSA y que la estatal petrolera solo financió un 20% del costo total del proyecto, el 80% restante lo financió la Asociación Civil Primero Justicia y otras organizaciones nacionales e internacionales
Julio Borges
En el año 1992 cuando la Asociación Civil Primero Justicia creó desde cero el programa de la Justicia de Paz, Educando para la Justicia y el Arbitraje para la violencia en las cárceles, estos proyectos recibieron financiamiento de múltiples organismos nacionales e internacionales, tales como la Unión Europea, el Gobierno de Canadá, Naciones Unidas, PNUD, ILDIS, KAS, OEA y PDVSA fue una de las tantas instituciones que colaboró con la Justicia de Paz.
El proyecto con la Asociación Civil Primero Justicia fue evaluado por cuatro comités distintos y finalmente aprobado por el Directorio de PDVSA y que la estatal petrolera solo financió un 20% del costo total del proyecto, el 80% restante lo financió la Asociación Civil Primero Justicia y otras organizaciones nacionales e internacionales. Cabe destacar, que la decisión de aprobar el aporte le correspondió al Directorio de PDVSA, la Sra. Antonieta Mendoza de López no tuvo injerencia, era gerente de la empresa y no formaba parte de dicho directorio.
La ejecución del proyecto se realizó durante este gobierno, desde 1998 hasta el 2002. Los proyectos los ejecutó la Asociación Civil Primero Justicia y cuando se transformó en partido político se separó del proyecto y quedo a manos de la ONG Consorcio Justicia. El proyecto tuvo logros palpables que superaron las expectativas: Elección de 173 jueces de paz en 8 municipios de Anzoátegui. Elección de 30 jueces de paz en 4 municipios de Delta Amacuro. Elección de 115 jueces de paz en 7 municipios de Monagas. Elección de 88 jueces de paz en 6 municipios de Sucre. 25 talleres de formación de jueces y equipos de paz. 25 foros sobre formación de jueces de paz. 25 talleres para funcionarios municipales, para un n total de 50.750 casos resueltos por los jueces de paz”.
Del mismo modo, el proyecto pasó con extraordinarios resultados por distintas auditorias ordenadas por este gobierno: SOCSAL, Contraloría interna de PDVSA, Contraloría General de la República y Cabrera, Colmenares & Asociados. Todas las auditorias arrojaron que el proyecto se ejecutó bien y con más de lo esperado. Adicional a esto la Contraloría General de la República en el procedimiento absolvió a la Sra. Antonieta Mendoza de López al reconocer que no se afectó el patrimonio público. Los hechos hablan por sí solos, el Gobierno miente de nuevo, nos sentimos orgullosos de los logros obtenidos. Seguimos construyendo el camino hacia la Verdad, la Justicia y la Paz.
