BOGOTA. El ex presidente Andrés Pastrana expresó su malestar el lunes por la intención del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de hacer públicas las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en las en el pasado se discutió todo lo relacionado con el lío limítrofe entre Colombia y Nicaragua por aguas y tierra en el Caribe.
«El señor Presidente ha anunciado su intención de hacer un juicio público, entregando las actas secretas de la Comisión Asesora ‘para que el pueblo juzgue’ -según su expresión radial- y busque responsables entre los últimos ochenta años de continuidad y consenso político nacional en torno al litigio con Nicaragua que culmina en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», le escribió Pastrana a Santos en una carta hecha pública en la jornada desde Madrid, España, y cuya copia hizo llegar a la AP a través de su oficina en Bogotá.
No se conoció una respuesta inmediata de Santos a la carta de Pastrana.
En un fallo inapelable, la CIJ ratificó el 19 de noviembre pasado la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001.
Pero en su decisión la CIJ redujo el territorio marítimo colombiano al ceder una mayor porción a Nicaragua, con lo que al menos dos de los cayos colombianos –Quitasueño y Serrana– quedaron rodeados de las ahora aguas nicaragüenses.
Según Pastrana (1998-2002), si se hacen públicas las actas «se deroga así, de hecho, el sigilo esencial de la Comisión y se pone de lado el centenario consenso».
Agregó que «al abrir documentos que no deben revelarse aislada y selectivamente en aras de la justicia histórica -puesto que ni siquiera en un juicio popular se deben omitir evidencias- quedarían expuestos a amigos, enemigos y eventuales contrapartes cerca de cien años del archivo esencial de la Cancillería de Colombia».
El ex jefe de Estado insistió en que «hechos y declaraciones posteriores a la decisión presidencial han reafirmado el golpe a la Comisión y reiterado la intención del gobierno de eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, acudiendo a abogados nacionales y extranjeros para la defensa de su gestión. El país ha comprendido que el pretendido embalsamamiento de una sentencia de única instancia no es más que un pretexto para este gasto».
AP
