La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaratoria del antejuicio de mérito contra el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Aragua, Richard Mardo (43), con el fin de continuar con el procedimiento penal por vía ordinaria.
Ortega Díaz informó que dicho petitorio se realiza en virtud de la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales, previstos y sancionados en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (vigente para el momento en que presuntamente ocurrió el hecho).
En ese sentido, recordó que el 6 de febrero de 2013, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, diputado Pedro Carreño, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que señalaba que Mardo había recibido un número determinado de cheques de distintas personas naturales y jurídicas, y que esa instancia del Poder Legislativo consideraba que podía estar incurso en hechos delictivos.
La Fiscal General indicó que en dicha denuncia se observó que los fondos recibidos por el diputado Mardo, a través de esos cheques y una transferencia a su cuenta personal, no realizó la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta. Destacó que se presume que la recepción de esos fondos pudieron ser ejecutados en fraude para el Estado, es por ello que consideró que una de los hechos en los que pudiera estar incurso el diputado es la defraudación tributaria.
Respecto al delito de legitimación de capitales, la máxima titular del Ministerio Público señaló que se presume su comisión al notar que una de las empresas le suministró un cheque a Mardo por un monto superior a lo declarado en ganancias por esa compañía. Precisó que si el TSJ autoriza al Ministerio Público para iniciar la investigación, se profundizará en ella.
Ortega Díaz manifestó que por ahora el Ministerio Público no puede ejercer ninguna acción contra el diputado porque se estaría violando el privilegio del que él goza. Aclaró que el antejuicio de mérito es un obstáculo al ejercicio de la acción penal, es por ello que su finalidad es proteger a la institución, pues no se puede ejecutar ningún acto que implique una persecución penal contra ningún alto funcionario, sin que el TSJ haya declarado de manera expresa que existen méritos suficientes.
