Los elegidos por Hugo Chávez para seguir adelante con su revolución socialista parecen estar improvisando nuevas reglas de gobierno a medida que se encaminan hacia lo que la mayoría de los venezolanos consideran una victoria segura en las elecciones para llenar el vacío dejado por el finado presidente.
El preferido de Chávez para sucederlo, Nicolás Maduro, y su círculo íntimo han pasado por alto reiteradamente la constitución y explotado el poder que tienen para desarticular una oposición que ya venía muy golpeada por años de hostigamiento gubernamental.
Las posibilidades de victoria de la oposición son tan escasas que su candidato Henrique Capriles ha dicho que recibió comentarios de personas que le advirtieron que lo llevaban «al matadero».
Mucho antes de que Chávez sucumbiese a un cáncer, Capriles y sus partidarios habían sido denostados y hostigados, legal y financieramente, por el gobierno, según organismos de derechos humanos y expertos en la libertad de prensa.
Ahora, acotan, la represión está alcanzando nuevos niveles a medida que los chavistas incrementan sus ataques para compensar la ausencia del popular líder, de su carisma y su autoridad moral ante la población.
Liliana Ortega, directora de la agrupación de derechos humanos COFAVIC, dice que «en Venezuela se va desarrollando una lógica militar, que estás conmigo leal hasta el final. Una mínima crítica y eres mi enemigo».
El gobierno afirmó que Capriles era un «fascista» que conspiraba con golpistas estadounidenses contra su patria. Lleva a los líderes de la oposición a los tribunales acusados de corrupción. Y dificulta su recaudación de fondos enviándole auditores a los donantes, según denuncia la oposición.
Los venezolanos se enteraron el lunes de que los propietarios del último canal de televisión que queda crítico del gobierno iba a ser vendido, bajo lo que algunos describen como coerción del gobierno. Y el miércoles el ministro del Interior Néstor Reverol anunció el arresto de una mujer de 53 años por enviar mensajes «desestabilizadores» en Twitter. No dio detalles y no fue posible localizar a la mujer.
Todo esto mientras la conducción chavista prepara la sucesión de Maduro, aprovechando el dinero de las nutridas arcas del gobierno, repletas por los ingresos del petróleo, y usando una maquinaria propagandística estatal que toma el control de los medios de difusión a voluntad.
«Se trata de un caso típico de consolidación del poder en una crisis», comentó Adam Isacson, analista de temas de seguridad de la Washington Office on Latin America. «Siempre se hizo un esfuerzo por darle siquiera una semblanza de legalidad a lo que se estaba haciendo. Siempre hubo un proceso. (Pero) Ahora no hay proceso siquiera».
El portavoz del ministerio de Información Oscar Lloreda dijo que dudaba que el gobierno fuese a hacer comentarios sobre las críticas a sus tácticas. «No creo que haya un vocero interesado en responder a esas acusaciones», señaló.
La improvisación comenzó cuando la Corte Suprema, llena de jueces leales a Chávez, dijo que el nuevo término presidencial podía comenzar como estaba programado pese a que el mandatario no podía juramentar el 10 de enero, como especificaba la constitución. Chávez estaba en Cuba por entonces, combatiendo una infección respiratoria surgida luego de someterse a su cuarta operación del cáncer que lo aquejaba.
Tras su muerte el 5 de marzo, Maduro asumió como presidente interino, siguiendo los deseos que había expresado Chávez después de derrotar a Capriles en las elecciones de octubre por un margen de 12 puntos.
El lunes hubo otra manifestación de arrogancia: Maduro registró su candidatura en la terraza del Consejo Electoral Nacional, supuestamente un organismo imparcial, en una ceremonia encabezada por una mujer debajo de un enorme cartel de Chávez que decía «Maduro, desde mi corazón».
El salón estaba lleno de chavistas en camisetas rojas. Capriles no se registró en persona sino que envió dos representantes.
Capriles se ha quejado de que Maduro está usando el cadáver de Chávez como instrumento político y su campaña denunció haber recibido un correo electrónico con una foto en la que aparece una mano que apunta un arma hacia un televisor con la imagen de Capriles.
Hace tiempo que Chávez comenzó a usar el sistema judicial para hostigar a sus rivales políticos, de acuerdo con Ortega, de la COFAVIC, quien desde hace una década es custodiada por guardaespaldas por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras que Chávez podía apelar a sus grandes poderes de persuasión para consolidar su control, el círculo íntimo de Maduro carece de ellos. «Hay una nebulosa de mandatos constitucionales en estos momentos», dijo Miguel Tinker Salas, profesor de estudios latinoamericanos del Pomona College de California. «Maduro no tiene el carisma ni la conexión que Hugo Chávez tuvo históricamente con el pueblo».
En febrero las autoridades detuvieron levemente a los pilotos de un avión privado prestado que había traído a Capriles de regreso de una visita a Nueva York. Las autoridades inspeccionaron el aparato, de acuerdo con allegados al candidato que pidieron no ser identificados por lo delicado del tema.
Y apenas Capriles anunció su candidatura el domingo, Maduro apareció en la televisión, acusándolo de tratar de provocar hechos de violencia e insinuando que podría ser enjuiciado por insultar a la familia de Chávez.
Capriles acusó reiteradamente al gobierno de mentir para generar falsas expectativas de que Chávez se podía recuperar e impulsar así las ambiciones políticas de Maduro. Incluso insinuó que podría haber mentido en torno al momento en que murió Chávez.
En años recientes el gobierno obligó a exiliarse a varios opositores, pero la oposición solo identifica a un puñado de personas como «presos políticos».
Una de esas personas es la jueza María Lourdes Afiuni, cuya decisión de liberar a un banquero detenido por supuestas irregularidades enfureció a Chávez en el 2009. La hizo detener y permanece bajo arresto domiciliario. Las Naciones Unidas la considera una presa política.
A pesar de la alta inflación, la escasez de alimentos y altos índices de delincuencia, que ofrecen abundante munición para criticar al gobierno, la realidad es que la oposición no tiene los recursos de que dispone el gobierno para ganarse a los votantes, incluidos una cantidad de canales de televisión estatales que bombardean al público con videos de Maduro entregando viviendas gratis y rezando por el finado líder.
La campaña de Capriles, por otro lado, no tiene un centavo y arrastra una deuda de casi un millón de dólares de las últimas elecciones, según su director de finanzas Rafael Guzmán.
Si bien la ley venezolana permite que empresas e individuos contribuyan cualquier suma a las campañas, el gobierno lleva a los tribunales a quienes aporten a los candidatos opositores, como si hubiesen violado las leyes, sostuvo Guzmán. «Aquí en Venezuela prácticamente hacer política de la oposición es un crimen», afirmó.
Apenas una empresa grande hace una contribución, le caen encima las autoridades impositivas y comienzan auditorías en busca de irregularidades, señaló. «Por ello nunca hemos recurrido a las grandes empresas», dijo Guzmán. Una firma que no tuvo miedo fue Globovisión, el único canal que queda crítico del gobierno.
El lunes su propietario Guillermo Zuloaga informó a los empleados que había vendido el canal a un empresario aparentemente amigo del gobierno. «Estamos acosados por las instituciones del Estado, apoyadas en un TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) cómplice que las ayuda y colabora en todo aquello que nos pueda perjudicar», escribió Zuloaga.
Los periodistas de Globovisión están dolidos, pero se mantienen firmes. Delvalle Canelón, conductora del programa dominical «Aló Venezuela», relata que el constante acoso físico y legal se hizo tan grave que Globovisión enviaba a sus periodistas a zonas chavistas con cascos y chalecos antibalas.
Además, dice, costaba conseguir la información. «No hemos tenido acceso a la fuente oficial hace años», indicó.
AP
