La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se discutirá el próximo viernes en Washington, es una iniciativa del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para «debilitar» y «ahogar» económicamente a ese organismo, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La reforma daría a Correa y los gobernantes que la promueven la «potestad de violar los derechos humanos dentro de sus países sin que nadie desde afuera les señale los errores, desvíos o violaciones flagrantes de los derechos humanos y la libertad de expresión», dijo hoy Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En declaraciones a medios, Paolillo aseguró que Correa y quienes le acompañan en esta «cruzada para debilitar el sistema interamericano de protección de derechos humanos» quieren transformarlo en un simple organismo de «promoción de derechos», sin capacidad de denuncia. Los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirán el viernes en Washington precisamente para tratar de cómo reformar la CIDH.
Paolillo defendió este sistema institucional y jurídico creado en 1959 que, en su opinión, ha velado eficazmente durante sus 54 años de historia por los derechos humanos y la libertad de expresión en los países del continente. Por ello, cargó contra el mandatario ecuatoriano, ya que «intenta convencernos» de que la reforma de la CIDH promovida por su Gobierno y secundada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) tiene como objetivo fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.
En su opinión, el argumento de la fortaleza utilizado por los promotores de esta reforma es en realidad un «término orwelliano», porque en realidad se trata de «debilitar este organismo». Paolillo expresó la enorme alarma con que la SIP contempla una posible reforma de la CIDH y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión promovida por los países de la Alba. El propósito de Correa, denunció Paolillo, es «desvirtuar el cometido de la Cidh» para suprimir todo tipo de control exterior y «lograr el control absoluto del Estado».
«Correa ya mató a Montesquieu», y ahora quiere que «lo que queda de control sobre violación de los derechos humanos y, en particular de la violación de la libertad de expresión, deje de funcionar», por eso intenta con ese «atrevimiento» desactivar la CIDH y la Relatoría, prosiguió en su denuncia. En ese sentido, advirtió de que en Ecuador la separación de poderes y la independencia de los jueces y del poder judicial «han dejado de existir», además de que el «Congreso está absolutamente dominado por Correa».
«Ese es el talante autoritario y casi totalitario de Correa», expresó abiertamente, al tiempo que cargó contra el «influjo avasallador» del mandatario ecuatoriano, que «intenta condicionar el apoyo financiero a la CIDH y la Relatoría para la libertad de expresión». «Sería una forma de ahogarla económicamente para que no pudiera funcionar», insistió Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, quien también se refirió a la petición de los promotores de la reforma de que se traslade la sede de la CIDH a otro país y apuntó que no es una cuestión «irrelevante», sino que «tiene una intención clarísima».
«Si la CIDH deja de funcionar en Washington, deja entonces de funcionar en la OEA y, al separarla, es como si la mandaras a Siberia», argumentó. «La intención es sacarla de la OEA para desactivarla y condenarla a la más absoluta irrelevancia». De ser aprobada la reforma que promueve Correa, Paolillo cree que se produciría un «retroceso de décadas en la protección y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión».
Agencias
