(LaVoz//AA).- La noche de este miércoles fue cerrada por funcionarios del Cicpc las oficinas donde funcionaba la funeraria El Gólgota, que bajo el nombre de una compañía registrada como Prevención Familiar Leal, ofrecía servicios funerarios en el casco colonial de Petare.
El polémico caso de la funeraria que este fin de semana extorsionó a una humilde familiar reteniéndoles el cadáver de un difunto que ilegalmente sacó del hospital Ana Pérez de León, ha destapado la olla de una cantidad de irregularidades cometidas por sus encargados.
La funeraria conocida como Gólgota, en realidad está registrada como una compañía que vende servicios funerarios o pólizas bajo el nombre de Prevención Familiar Leal. Junto al muro de Petare tienen una oficina de unos 9 metros cuadrados donde realizan solo trámites administrativos para ofrecer sus servicios funerarios.
Los usuarios a los que prestan sus servicios son generalmente familias humildes con difuntos de personas fallecidas en el vecino hospital. Se cree que en el Pérez de León tienen algún contacto que les envía a los beneficiarios.
Fuentes ligadas a las investigaciones indicaron que la funeraria ofrecía servicios funerarios a domicilio para aquellas personas que no tenía como pagar una capilla de velación. Cuando los deudos no reunían el dinero de pagar la deuda, se llevaban de sus casas televisores, electrodomésticos y otros objetos de valor que equiparase la suma.
En casos donde los familiares de difunto podían cancelar un poco más, le llevaban el cadáver hasta un espacio de 3×3 metros que rentaban en la funeraria Memorial de San Martín.
La funeraria funcionaba sin servicios sanitarios, ni patente desde hace 12 años. Tampoco tienen permisos emitidos por la Cámara de Industria y Comercio. Los encargados, Janeth Flores y un señor de nombre Olinto era quienes atendían a los clientes porque los dueños de apellido Leal están muy poco en el lugar. Se trata de un señor de nacionalidad colombiana.
Janeth Flores fue quien se entrevistó con los deudos de Juan Bautista Durán, de 77 años, para exigirles Bs F. 14 mil si quería que le devolvieran el cuerpo. Luego le recibieron 2 mil bolívares, les entregaron el difunto pero le retuvieron el permiso de inhumación.
