El presidente Santos dijo que, cada familia recibirá subsidios gubernamentales de 30 millones de pesos (unos 16.600 dólares) para iniciar esos proyectos de producción agrícola y otros 15 millones de pesos (8.300 dólares) para vivienda porque sus humildes casas fueron destruidas por los paramilitares
MONTERIA. Después de casi dos décadas de haber sido despojados de sus tierras, 60 familias recibieron ayer los títulos de propiedad de sus lotes y que son parte de una finca que tuvieron los hermanos Castaño, extintos jefes fundadores de escuadrones paramilitares, acusados de miles de asesinatos. «Hoy aquí en Córdoba, aquí en Santa Paula, es un sitio emblemático, estamos poniendo en práctica ese deseo de la inmensa mayoría de los colombianos…un país en paz», dijo el presidente Juan Manuel Santos en un discurso en el acto de entrega de los títulos de propiedad a las 60 familias.
La finca Santa Paula, de 1.195 hectáreas, está ubicada en la localidad de Leticia, departamento de Córdoba y a unos 507 kilómetros al noroeste de Bogotá. En esa zona rural de la finca, cercana a Montería, capital de Córdoba, los hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o paramilitares, desde los años 80 e inicios de los 90 sacaron a los moradores de esas tierras y controlaban la finca.
«A mi padre en los años 90 los hermanos Castaño lo despojaron de nuestra finca y nos dejaron a la deriva», dijo Judith Pineda, de 42 años, quien recibió el título de propiedad de cinco hectáreas en la finca. Esa fue la cantidad que recibieron en la jornada las otras 59 familias, que tras ser desalojados se marcharon a otras regiones del país o a otras tierras de Córdoba. Pinedo ya tiene planes: comprar al menos seis vacas y sembrar yuca, pero primero tendrá que ¨limpiar» o erradicar la maleza y rastrojos que cubren la zona.
Cada familia, dijo Santos, recibirá subsidios gubernamentales de 30 millones de pesos (unos 16.600 dólares) para iniciar esos proyectos de producción agrícola y otros 15 millones de pesos (8.300 dólares) para vivienda porque sus humildes casas fueron destruidas por los paramilitares. Pinedo, por ejemplo, dijo que espera poder ocupar su lote en algunas semanas.
Con la entrega de las primeras 300 hectáreas de la finca, ahora se espera que las reclamaciones de al menos otras 140 familias y que están en manos de juzgados agrarios, fallen para la devolución de los lotes restantes de Santa Paula, según explicó Ricardo Sabogal, de la oficial unidad de restitución de tierras.
Ni Santos ni Sabogal ofrecieron una cifra total de tierras «restituidas» en virtud de la Ley de Víctimas, en vigencia desde enero del 2012 y que contempla, entre otros temas, precisamente esa reintegro de lotes despojados a manos de grupos armados ilegales en las últimas décadas.
La entrega de los lotes en Santa Paula «a mí me parece increíble, pero es una realidad», dijo Carmen Palencia, una veterana reclamante de tierras robadas por grupos armados ilegales en otra zona del noroeste colombiano, y que estuvo en el acto de la jornada. Con la entrega se «le demuestra a los delincuentes que esto (la devolución de tierras) no es charlando (o en broma), sino que va en serio», añadió la activista.
Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, creadores de las AUC, o el paraguas que agrupó a los distintos grupos paramilitares, murieron o son dados por desaparecidos. Carlos, el menor, según la Fiscalía General, fue asesinado en abril del 2004 a manos de los propios paramilitares y su cadáver fue encontrado por agentes de la Fiscalía en una fosa común del noroeste del país. Sin embargo, se desconoce la suerte exacta corrida por Fidel y Vicente.
Tierras en conflicto
La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.
Agencias
