GINEBRA/CIUDAD DE GUATEMALA. Organismos de derechos humanos criticaron el viernes la sorpresiva suspensión del juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, considerada un golpe para las víctimas de las atrocidades cometidas durante su Gobierno.
Una jueza tomó la decisión el jueves y retrocedió el proceso a noviembre del 2011, lo que desató la indignación de los familiares de las víctimas de la guerra civil .
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dijo que las autoridades de Guatemala deben garantizar que el «emblemático» juicio por acusaciones de genocidio y de crímenes contra la humanidad se desarrolle limpiamente en consideración a las personas afectadas que llevan décadas esperando justicia.
«Es un golpe contra las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en Guatemala, que han estado esperando por más de 30 años para que se haga justicia», dijo Rupert Colville, portavoz de la OACDH, en una conferencia de prensa.
Este es el primer juicio contra un jefe de Estado por genocidio ante una corte nacional, según la OACDH.
La jueza Patricia Flores, una de los varios magistrados que han intervenido en este proceso, comunicó que cortes superiores habían ordenado la suspensión porque su remoción del caso fue errónea. La medida desató críticas y la parte acusadora apeló la decisión.
El viernes Yasmín Barrios, otra de las jueces que ha supervisado el proceso, dijo que lo ocurrido es ilegal y sugirió que el juicio continuará.
«Ningún funcionario público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. No vamos a ejecutar órdenes ilegales», dijo Barrios ante la corte donde Ríos Montt está siendo enjuiciado desde marzo.
El ex dictador guatemalteco, de 86 años, fue llamado a juicio en enero para responder por un plan de contrainsurgencia que se llevó a cabo bajo su mandato durante la guerra civil entre 1980 y 1996.
«El juicio le estaba dando a las víctimas la oportunidad para que por primera vez testificasen en la misma sala que funcionarios de alto rango, acusados de ordenar quemas de pueblos, violaciones y ejecuciones a más de 1.770 indígenas Ixil-Maya en 1982 y 1983», dijo Colville.
A pocos días de la sentencia, esto fue una «verdadera bofetada en la cara de muchos hombres y mujeres indígenas que participaron valientemente como testigos en el juicio», agregó.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo que la suspensión debe ser revocada con urgencia o se corre el riesgo de fortalecer la impunidad y debilitar el estado de derecho en Guatemala.
«Las consecuencias de esta decisión pueden hacer retroceder el reloj a un momento en que la impunidad era la norma para este tipo de delitos», dijo Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional, citado en un comunicado.
Ahora, se espera que la Corte de Constitucionalidad emita una orden sobre la resolución de la jueza Flores. El ministerio público y los querellantes apelarán la decisión, para lo cual tienen un plazo de 30 días.
Agencias
