WASHINGTON. La mala situación en las cárceles y el excesivo control por parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez son los dos aspectos más criticados por Estados Unidos en cuanto al estado de los derechos humanos en Venezuela en 2012.
El «Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2012», hecho público este viernes por el Departamento de Estado estadounidense, resalta «las malas condiciones de vida en prisión» como uno de los principales abusos cometidos en Venezuela, país en el que se deplora también la «politización del sistema judicial».
«El fracaso (de las políticas gubernamentales) en proporcionar las debidas garantías procesales, integridad física y condiciones humanas a los reclusos contribuyó a extender la violencia, los disturbios, además de lesiones y muertes en prisión», apunta el texto.
El informe alude al hacinamiento en las prisiones venezolanas, al recordar que el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó de la presencia de 48.262 presos en las 32 cárceles del país.
Además, el Gobierno de Hugo Chávez, quien murió el 5 de marzo de 2013 tras 20 meses de lucha contra el cáncer, «no respetó la independencia judicial ni permitió que los jueces pudiesen actuar sin temor a represalias», critica el informe.
El excesivo control por parte del Ejecutivo venezolano se extiende, según el texto del Departamento de Estado, al «acoso e intimidación» a medios de comunicación, «usando amenazas, multas, incautaciones de bienes, regulaciones específicas e investigaciones criminales y persecuciones».
Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), el Gobierno de Chávez cometió 200 violaciones contra la libertad de expresión durante 2012.
El proceso que llevó al mandatario a su tercera reelección consecutiva, el 7 de octubre de 2012, es señalado por Estados Unidos en este informe porque destaca que los observadores internacionales advirtieron de que el uso de recursos del Estado por parte del chavismo «creó un desigual escenario electoral» entre Chávez y el líder opositor, Henrique Capriles.
El Departamento de Estado recoge que, además, las ONG que trabajan en el país informaron, entre otros abusos, de asesinatos, torturas, arrestos arbitrarios, corrupción e impunidad en las fuerzas policiales, prisioneros políticos, violencia de género, tráfico de personas y restricciones en los derechos de asociación de los trabajadores.
AFP
