La solicitud de impugnar los resultados electorales del 14 de abril pasado carece de fundamento jurídico porque no existen pruebas que sustenten la comisión de algún delito electoral ni que deslegitimen la transparencia del proceso, ratificó este viernes el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Carreño.
Alertó que ante esta realidad, en la que nuevamente la oposición transita al margen del marco legal y constitucional del país, el escenario que perfila sus acciones es arremeter nuevamente contra las instituciones del Estado.
Durante una entrevista en el canal del Estado, Carreño explicó que la solicitud de auditoría que realizó el ex candidato Henrique Capriles fue una medida genérica, que no se contempla en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por lo cual no procede de la manera que la oposición pretende.
Recordó que el órgano jurisdiccional para realizar un procedimiento de impugnación es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero ésta requiere la consignación de pruebas que especifiquen el presunto delito electoral cometido.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, cuando se apela a la vía jurisdiccional primero se debe establecer cuál es el delito electoral cometido y presentar las pruebas de dicho delito.
Posteriormente se reúnen los cinco magistrados que conforman la sala electoral, dirimen acerca de los documentos presentados y deciden si se realiza o no la impugnación. «Lo que pudiera pasar es que sea rechazado el recurso, declarado sin lugar, y entonces arremeterá contra las instituciones del Estado, porque ellos no tienen pruebas de nada», alertó el diputado.
AVN
