A pesar que les anunciaron la prohibición de su derecho de palabra, los suspendieron de sus cargos al frente de las comisiones parlamentarias y este jueves les destituyeron sus sueldos, los diputados de la bancada opositora aseguraron que seguirán en pie de lucha desde la Asamblea Nacional (AN) para defender el derecho de todos los venezolanos de conocer la verdad.
Si convocan sesión para el próximo martes, allí estarán los diputados que representan al 52 por ciento del país. Así lo aseguró Alfredo Osorio, coordinador del Bloque Parlamentario del Zulia en rueda de prensa acompañado de Arcadio Montiel, Nora Bracho, Liz María Márquez, Anaydee Morales y Víctor Ruz.
“Las puertas no se la cierran a la oposición ni a los medios, sino a todo el país. Queremos lograr el camino de la paz y garantizar el cumplimiento de las normas. En la medida que haya más atropellos, más gente se incorporará a esta lucha”. Se basó en los artículos 201 de la Constitución de la República, y el 73 –segundo aparte numeral quinto- del reglamento de Interior y Debate de la AN para demostrar las violaciones a los derechos que comete Diosdado Cabello desde la presidencia del parlamento.
“Esto es inaceptable por ser ilegal e inconstitucional. Asumimos nuestra posición inalienable, firme y categórica de rechazar los actos de atropello y violatorios de las leyes nacionales por parte de Diosdado Cabello y personeros del oficialismo. Es alarmante que se pretenda silenciar nuestra vocería, pero sus amenazas no bastarán”.
Golpe de Estado
Para Nora Bracho, diputada zuliana, se trata de un “Fujimorazo” la intención de Diosdado Cabello de desconocer al bloque democrático de la AN. “El hecho de que quiera sacarnos del trabajo se deriva de su deseo de desintegrar el cuerpo legislativo, y esto implica un golpe seco a lo que establece la Constitución, es un golpe de Estado al país”.
Tanto Bracho como Osorio coincidieron en responsabilizar al presidente de la AN de la seguridad de los diputados tanto fuera como dentro de la Asamblea. “Todas esas medidas lo que hacen es aclararle al país y a la comunidad internacional el tipo de gobierno que rige los destinos de Venezuela, un gobierno fascista, totalitario e ilegítimo que violenta toda la normativa”.