El diputado Miguel Ángel Rodríguez advierte que son varios los frentes desde donde se estaría adelantando el desconocimiento de los derechos ciudadanos, por lo que la vocería del legislativo nacional pregunta si de facto hay un plan de disolución institucional.
El derecho constitucional de todo ciudadano a dirigir peticiones a los órganos del Estado y el deber de éstos de responder oportuna y satisfactoriamente, según Rodríguez ha topado con un poder electoral que abandona su obligación en el caso de la auditoría integral comprometida hace una semana y que respondía a la formal solicitud de al menos 7.3 millones de electores. «Sin contar con el fenómeno estadísticamente comprobado de que el 70 por ciento de la población quiere que se descubran todas las cartas para que reine una verdad que todos respetemos».
El derecho del 52 por ciento del electorado que en 2010 eligió a los diputados de la unidad democrática para que se le representara siguiendo sólo su rectoría y en libertad de conciencia, ha «colisionado con el proceso de desconocimiento del pluralismo político establecido como valor fundamental en la carta magna, para dar paso a amenazas y actos violentos que no sólo ya causaron derramamiento de sangre en la Asamblea, sino que mantiene en parálisis al organismo si es que no abandonamos nuestro derecho a pedir revisión seria de los resultados electorales».
Enumera también Rodríguez la posible disolución del derecho fundamental al trabajo, libre de discriminaciones políticas como lo contempla la Constitución, habida cuenta de los miles de casos de presión y despidos arbitrarios registrados como consecuencia de lo que considera angustia oficialista por la altísima votación de Henrique Capriles y la realidad de no saber quién votó por quién.
«También se había anunciado que esta semana convocarían a un Consejo Federal de Gobierno al cual tenían que citar a los mandatarios de Lara, Amazonas y Miranda, y terminó realizándose un cónclave entre el ejecutivo nacional y los gobernadores del Psuv ¿También se estará disolviendo el constitucional Consejo Federal?».
La libertad de expresión e información que, recuerda Rodríguez, también está en el capítulo de derechos humanos de la carta fundamental, estaría en probable plan de extinción definitiva y de ello, complementa, está la prueba del ultimátum público contra Venevisión y Televen, además del recrudecimiento de hostilidades contra periodistas que preguntan para hacer información en vez de propaganda.
«Se trata de la negación de derechos a más de la mitad de nuestra ciudadanía, pero recordemos que las garantías cubren a toda la población, por lo que reclamar respeto para los unos es también garantizárselos a todos, los que votaron por Capriles, los que lo hicieron por Maduro y hasta los que no sufragaron», explicó.
Finalmente el parlamentario aboga por rectificaciones «para las que siempre hay oportunidad» y porque ahora, el Tribunal Supremo valore el trabajo que a nombre de «millones de conciudadanos» soportará la petición de impugnación anunciada por el gobernador Capriles.
