BOGOTA. La Fiscalía colombiana procesó el viernes por primera vez a un sospechoso de usar minas antipersonales, una de las más letales y censuradas armas que las guerrillas utilizan con frecuencia y que deja miles de muertos y heridos en el país.
El delito de empleo y producción de minas antipersonales está tipificado desde hace por lo menos una década y contempla penas de prisión de entre 10 y 15 años, informó Daniel Avila, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA).
El uso de esos artefactos explosivos ha matado a al menos 2.131 personas y causado heridas, usualmente graves mutilaciones, a 8.141 más desde 1990 en todo el país. Casi 10% de las víctimas de las bombas son niños y más de la mitad son civiles, según cifras del mismo Programa.
Pese a los graves antecedentes en esta materia, la fiscalía dijo en un comunicado referido a la detención de un sospechoso que «esta es la primera medida de aseguramiento (o de detención preventiva) que se impone en Colombia por homicidios cometidos con minas antipersonal».
Se trata del caso contra Luis Antonio Gutiérrez de la Rosa, a quien las autoridades acusan de haber participado en la emboscada con minas y posterior ataque que sufrió el 18 de julio del 2007 una patrulla militar en una zona rural del municipio de Yondó, Antioquina, a unos 270 kilómetros al norte de la capital colombiana.
Según la Fiscalía, guerrilleros del frente 24 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mataron a dos militares e hirieron a otros dos que cayeron en un campo minado y después «fueron rematados con armamento de largo alcance».
Gutiérrez de la Rosa fue capturado el miércoles en Yongó, donde se desempeñaba como presidente de una junta de acción comunal, pero ahora es acusado de pertenecer a la guerrilla y haber participado en el ataque del 2007 contra los militares.
Colombia, después Afganistán y Camboya, es el país del mundo más afectado por las minas antipersonal, según el PAICMA.
AP
