La familia Neira esperó ocho (8) años para obtener justicia, pero pese a los años de denuncia y lucha, el resultado no fue el esperado, pues la muerte de Daniel Alfonso Neira continúa en impunidad. Escuchar la sentencia que absolvió a los funcionarios militares acusados por el Ministerio Público tuvo un efecto devastador en la familia de Daniel
Rafael Garrido
e-mail: rafaelgarrido85@gmail.com
El 15 de marzo de 2005, el adolescente Daniel Alfonso Neira (14 años) había terminado de ordeñar el ganado y se disponía a llevar la leche obtenida a una quesera cercana. Subió a la camioneta “pick up” que acostumbraba a usar y cuando conducía camino a la quesera vio que a cierta distancia estaba instalado un punto de control del Ejército. Asustado ante lo que veía, prefirió dar la vuelta en “U” para regresar a su casa. Los militares decidieron seguirlo y empezaron a disparar de forma indiscriminada contra la camioneta que conducía Daniel, hiriéndolo mortalmente. El Ejército entra al fundo “Los Naranjos” y tumba a los abuelos de Daniel y a su tía Raquel Neira, apuntándoles con armas largas e impidiéndoles que cualquiera de ellos pueda ir a socorrer a Daniel. Raquel Neira decide burlar el cerco de seguridad y arriesgar su vida para acercarse a la camioneta, donde encuentra a su sobrino tendido en el suelo, pero aún vivo. Lo lleva hasta un ambulatorio cercano donde le prestan primeros auxilios y lo trasladan desde allí hasta el Hospital Central de San Cristóbal, donde murió treinta minutos después de ingresar, con dos heridas de proyectil: una en la espalda y otra en la cabeza.
Mientras la tía llevaba a Daniel del ambulatorio al hospital, los militares que se encontraban en el fundo “Los Naranjos” trataban de justificarse ante la familia Neira y sus vecinos, afirmando que ellos se encontraban en el marco de un operativo que se iba a realizar en protección de Luis Pavón, propietario de un fundo situado a cuatro (4) kilómetros de distancia de donde vivía Daniel Alfonso Neira. Lo cierto es que el niño de los Neira yacía ya en el Hospital Central de San Cristóbal, como consecuencia de los disparos que los militares habían realizado contra su camioneta, por dar la vuelta en “U”.
Búsqueda de justicia
La familia Neira se avocó a la búsqueda de justicia desde el principio, pues al ver que las autoridades militares daban diversas y confusas versiones sobre lo que pasó, se vieron en la necesidad de emprender una lucha para encontrar la verdad y denunciar irregularidades, actuando en conjunto con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Pese a la actuación entorpecedora del Teatro de Operaciones Nº 1 con sede en Guasdualito y de la Fiscalía Cuarta Militar de Guasdualito, los funcionarios militares implicados fueron imputados el 10 de marzo de 2007. A finales de 2009 y principios de 2010 se celebraron audiencias preliminares para admitir la acusación fiscal y ordenar el enjuiciamiento de los funcionarios imputados por el Ministerio Público, y finalmente el juicio se inició el 4 de noviembre de 2011. Luego de un (1) año y cuatro (4) meses de debate en el juicio oral y público, el tribunal 2 (Mixto) en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, conformado por el Juez profesional Diego Molina y las escabinas Raquel Araque Vivas y Graciela Jurado, decidió de forma unánime absolver a los acusados, evidenciando así la debilidad de la investigación dirigida por las Fiscalías Octava y Tercera de Apure, la Fiscalía Militar Cuarta y la Fiscalía Sexagésima y Cuadragésima Sexta a Nivel Nacional. Así como la deficiente acusación fiscal y la insuficiencia de las pruebas promovidas por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad personal o individual de los acusados.
Sigue la lucha
La familia Neira esperó ocho (8) años para obtener justicia, pero pese a los años de denuncia y lucha, el resultado no fue el esperado, pues la muerte de Daniel Alfonso Neira continúa en impunidad. Escuchar la sentencia que absolvió a los funcionarios militares acusados por el Ministerio Público tuvo un efecto devastador en la familia de Daniel, sus tías lloraban en silencio, sus abuelos miraban al juez con tristeza y decepción, y su padre mostraba el dolor y la angustia de quien ya se encuentra agotado de tantas luchas. Luego de una decepción como esta, se podría pensar en desistir y olvidar, pero en palabras de Daniel Neira Castro, padre de la víctima: “Estamos consternados por este golpe. Al principio estaba tan defraudado que no quería seguir, pero ahora pienso que vamos a seguir luchando… No nos han vencido, todavía estamos en pie de lucha, vamos a buscar la manera de hacer justicia, y si hay que hacerlo acudiendo a instancias internacionales, pues iremos. Le pido a Dios que se haga justicia, pues es Él el primer juez y de Él no se escapa nadie. A pesar de este golpe, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, así que hay que seguir denunciando.”
La tenacidad de la familia Neira ha sido un ejemplo de lucha, no sólo por la memoria de su querido Daniel, sino por el compromiso y la responsabilidad que sienten para evitar que hechos como este sigan sucediendo gracias al silencio y al miedo. “Nunca más” es la premisa que ha acompañado a esta familia y a la Red de Apoyo, pues saben que lo que está en juego va mucho más allá de la justicia de un caso, y se trata del compromiso del Estado de respetar y garantizar efectivamente los derechos humanos a todas las personas por igual, castigando a quienes lo merecen para hacer justicia y terminar con la impunidad.
¿Quién es el
responsable de
la impunidad?
Es innegable la responsabilidad del Ministerio Público frente a la impunidad de este caso, pues como titular de la acción Penal, debió actuar con la mayor diligencia posible para asegurar que la investigación incorporara todos los elementos necesarios para identificar a los responsables de la muerte de Daniel y demostrar su participación, evidenciando oportunamente el retardo y entorpecimiento por parte del Ejército venezolano, El Teatro de Operaciones Nº 1 con sede en Guasdualito y de la Fiscalía Cuarta Militar de Guasdualito, que actuaron ilegítimamente en una causa que era competencia de la jurisdicción penal ordinaria y no de la jurisdicción militar. Las violaciones de derechos humanos como esta, deben ser debidamente investigadas y sancionadas, pues lo contrario afianza la impunidad, genera aún más dolor a las familias afectadas y desacredita los órganos de administración de justicia, generando desmovilización y falta de confianza en la denuncia como vía para el logro de justicia
La Voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
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