La privativa de libertad del general de brigada en situación de retiro y dirigente nacional de Voluntad Popular, Antonio Rivero, acordada por el tribunal 41 de control del Área Metropolitana de Caracas y segundo en competencia nacional en terrorismo, “sin ninguna prueba fehaciente, es una decisión despótica, antidemocrática y contraria a los derechos humanos, que debe ser conocida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, afirmó el ex parlamentario y dirigente de la tolda naranja, Carlos Tablante.
El también corredactor de la anterior Ley contra la Delincuencia Organizada, considera la decisión del tribunal “el inicio de un proceso de criminalización contra los integrantes y simpatizantes de los partidos políticos de oposición, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática y de la disidencia en Venezuela, legítimas y legales expresiones de la democracia”.
Tablante recordó que durante la discusión de la actual legislación sobre terrorismo y delincuencia organizada, varios diputados de la alternativa democrática advirtieron sobre las intenciones del oficialismo de preparar el terreno para castigar a la disidencia e imponer el silencio “frente a hechos graves propiciados por el propio gobierno, como la agresión a los propios parlamentarios de la Asamblea Nacional”.
Apuntó que en verdaderos casos de asociación para delinquir como los ocurridos durante la crisis financiera de 2009-2011 y la estafa a los fondos de los jubilados de Pdvsa, “los imputados gozaron de medidas cautelares y están ahora en libertad. Los responsables del gobierno que colocaron recursos del Estado en instituciones financieras de alto riesgo que luego fueron intervenidas, ni siquiera fueron citados en calidad de testigos, aunque era evidente que formaban parte de un entramado de corrupción que está plenamente identificado como el delito asociativo de delincuencia organizada”, puntualizó.
En tal sentido, el dirigente político insistió en que “es un exabrupto intencional aplicar este delito con otro enfoque, que atenta contra el estado de justicia y la democracia. Por ello, desde Voluntad Popular acudiremos a instancias internacionales, para que el mundo conozca la intención de este gobierno, por demás ilegítimo, de restringir y hasta eliminar toda actividad política”, finalizó.
