Los juristas y especialistas en derecho penal, Alberto Arteaga Sánchez y Bayardo Ramírez Monagas, consideran la detención del dirigente nacional de Voluntad Popular, G/B (r) Antonio Rivero, como “ilegal y arbitraria” y la identifican “como un grave caso de terrorismo penal de Estado, de utilización de la justicia penal para la persecución y criminalización de la disidencia política”.
Para Arteaga Sánchez “se trata de algo sumamente grave, ya que es una imputación sobre la base de la manipulación de una ley, concretamente la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que en su artículo 37 sanciona la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada. ¿Cuál sería el grupo de delincuentes al que pertenece Antonio Rivero? Pues el partido político Voluntad Popular. Hacer esta consideración no es solo contrario al espíritu de la ley, sino un ataque a la existencia de los partidos políticos, que son fundamentales en una democracia”.
El especialista en derecho penal afirmó que sin duda alguna “esto es un primer paso para la ilegalización de los partidos políticos, un camino muy terrible con el que se pretendería instaurar una tiranía bajo el amparo de la ley y la apariencia de justicia”.
El reconocido catedrático destacó que “quien está ejerciendo un derecho, como el derecho a la protesta no comete delito”, señalando que la propia forma como se detuvo a Rivero “sin estar en flagrancia y con una orden judicial sin fundamento alguno, nos recuerda a décadas oscuras de regímenes antidemocráticos de Venezuela y América Latina (…) esto tiene que llevarnos a expresar nuestra más enérgica protesta”.
El jurista Bayardo Ramírez Monagas resaltó la manipulación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para acusar a Rivero, cuando “de haber cometido algún delito, según lo que mostró el Ministerio Público como prueba, supuesto por demás negado, sería el de agavillamiento, que es un delito común, pero nunca uno de asociación delictiva internacional, fundamentándose en la pertenencia a un partido político de oposición democrática”.
Ramírez Monagas, corredactor del Proyecto de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, indicó que “al considerar, por ignorancia de segundo grado o estrategia política, la crítica como un delito de suma gravedad, se está cometiendo un exabrupto jurídico horroroso, convierte al Estado venezolano en felón y forajido, que viola e incumple convenios internacionales, en materia de tráfico de drogas, delincuencia organizada internacional, terrorismo y su funcionamiento”.
Los juristas ofrecieron la conferencia de prensa acompañados por los directivos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) Rafael Veloz, Gonzalo Suárez Omaña y Ramón Flores, el constitucionalista José Vicente Haro, así como por los miembros del Foro Penal Venezolano Alonso Medina y Tamara Suju.
Ramírez Monagas, quien también es profesor universitario, exhortó a todo el gremio de abogados y especialistas de Derecho a “expresar su más enérgica condena a esta violación de los derechos humanos fundamentales, porque Antonio Rivero está preso nada más y nada menos que por defender un derecho”, puntualizó.
