El Ministerio Público logró la medida de privación de libertad de César Alejandro Montaño (52), detenido el pasado martes 30 de abril por presuntamente solicitar dinero a algunas personas, a quienes les ofrecía cupos para optar a ser beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Sucre.
En la audiencia de presentación, la fiscal 5º auxiliar de la referida jurisdicción, Alison Freire, imputó a Montaño por la presunta comisión del delito de suposición de valimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley contra la Corrupción.
El referido artículo señala que “La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial”.
En tal sentido, el Tribunal 4º de Control de Cumaná, luego de escuchar los argumentos expuestos por la fiscal, admitió la precalificación jurídica, dictó la medida de privación de libertad y ordenó la reclusión del hombre en la sede de la Comandancia de la Policía del estado Sucre.
La investigación del caso se inició el pasado 29 de abril ante la denuncia interpuesta en la Fiscalía Superior de Sucre, por el coordinador de la Gran Misión de la Zona 3. Presuntamente, Montaño, quien decía tener contactos y ser efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), les solicitaba dinero a las personas a fin de gestionarle un cupo para una vivienda en el sector El Peñón de Cumaná.
El hombre fue detenido al siguiente día, cuando al parecer recibía dinero de parte de una de las víctimas, en la avenida Miranda. Dicho procedimiento fue coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la GNB y personal de seguridad de Petróleos de Venezuela.
