Diversas organizaciones defensoras y activistas de los derechos humanos, denunciaron su preocupación ante la constante instigación al odio y la criminalización a disentir, incluso de las ONG que llevan adelante las investigaciones y casos de víctimas de persecución, amenazas y demás arbitrariedades provenientes de los organismos del Estado.
«Se persigue a la disidencia y esto lo denunciamos como un nuevo patrón sistemático que se viene dando en todo el país. Incluso voceros todos los días amenazan a través de los canales del Estado. Tratan a los que no están con ellos como enemigos y esto causa preocupación, porque sabemos que esta instigación al odio, puede causar respuestas que no queremos que ocurran», declaró Tamara Sujú, abogada y presidenta de la ONG Nueva Conciencia Nacional.
Sujú denunció que en vez de perseguir a quien piensa distinto, habría que preguntarle a la Fiscalía qué está haciendo con las denuncias que llevan las víctimas, los que han sido torturados, perseguidos. Qué ha pasado con los proyectos de amnistía para los presos políticos y aquellas denuncias por tratos crueles e inhumanos. “Es el Ministerio Público quien tiene el deber de aplicar justicia sin distingo alguno, porque todos los venezolanos, sin excepción, tienen ese derecho”.
Balance represivo
Jacqueline Sandoval, miembro de la fundación para el debido proceso (FUNDEPRO), comentó que durante estos 14 años de gobierno, se han registrado al menos 600 casos de prisioneros políticos en Venezuela, 175 de ellos sólo en lo que va del Gobierno de Maduro, de los cuales 15 permanecen bajo prisión injusta, por lo que insistió en la necesidad de dialogo en el país y mostró las comunicaciones que esta organización ha enviado a la Presidencia de la República, a fin de ser escuchados. Sin embargo no han tenido respuesta alguna.
Como activista y defensora de Derechos Humanos, indicó que siente preocupación por lo que viene ocurriendo con la libertad de expresión y pensamiento en Venezuela.
“Hacia dónde vamos con esta persecución a la disidencia y el pensar distinto. Cuando se cercena el derecho de parlamentarios legítimamente elegidos. Es una situación grave que debe llamar a la reflexión al mismo Gobierno, que es quien debe procurar gobernar para todos, incluso para quienes no votaron por él”, detalló Sandoval.
Reiteró el llamado a que los organismos del Estado investiguen y paren las persecuciones que vienen adelantando en contra de los disidentes del Régimen, mientras que emplazó a la defensora del pueblo, para que cumpla con su labor y defienda a “todos” los venezolanos y no los de un solo sector.
Por su parte, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, comentó que pese a la intimidación, estas organizaciones seguirán evaluando la situación del país y asistiendo a las víctimas a favor de preservar sus derechos humanos.
Indicó que cada uno de estos casos vienen siendo documentados e incluso existen videos y otras evidencias que serán elevadas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de remitirlos a la Corte Penal Internacional de la Haya.
“Las organizaciones de Derechos Humanos estamos aquí para proteger y velar porque haya estado de derecho. No puede ser que se usen los organismos públicos para perseguir y que muchas veces las víctimas pasan a ser victimarios, sin que pase nada. La complicidad es una grave irresponsabilidad que forma parte del abuso de poder del que hacen uso”.
