El Ministerio Público citó en calidad de imputados a Ismael Antonio Guzmán (excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército “Coronel, Vicente Campos Elías N° 63”) y a José Domínguez Yépez (exdirector de Inteligencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) por su presunta vinculación con la masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982, y en la cual murieron 23 miembros del Frente Américo Silva.
En tal sentido, se tiene previsto que la fiscal 51° nacional, Rochelly Barboza Hernández, realice las imputaciones el próximo jueves 16 de mayo a las 10 de la mañana y 2:00 de la tarde, respectivamente, para que los dos hombres, en presencia de sus abogados, conozcan el contenido del acto del Ministerio Público.
Una vez imputados, Guzmán y Yépez adquirirán todos los derechos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
La masacre de Cantaura ocurrió en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores sociales. Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.
Vale destacar que este caso ha sido impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la comisión especial de fiscales que investigan los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1958-1998.
