El alcalde Saúl Yánez denunció que el propietario de la cantera La Vega desmanteló la misma el pasado fin de semana, mientras la otra parte asegura que solo puso en resguardo el patrimonio de la compañía
El conflicto suscitado entre la arenera La Vega de Tocorón, municipio Simón Bolívar y las autoridades gubernamentales pica y se extiende, mientras las partes ofrecen versiones distintas de la situación.
Como lo informamos en nuestra edición de ayer, un grupo de funcionarios de la Policía Municipal de Simón Bolívar se apostó a las puertas de esta empresa. La medida causó sorpresa en el personal y algunos trabajadores denunciaron que no se les permitió la entrada, lo que negaron los uniformados, quienes alegaron que solo estaban resguardando el lugar.
Los hechos
La situación comenzó el pasado sábado cuando una comisión del Ministerio del Ambiente se presentó a dicha arenera y ordenó suspender temporalmente sus actividades por una denuncia de deterioro ambiental.
El alcalde de Yare, Saúl Yánez, aseguró que efectivamente los trabajos de esta arenera estaban causando un problema de contaminación y que Min-Ambiente solo les había solicitado que corrigieran sus actividades. “El dueño de la arenera pensó que se trataba de una expropiación y el pasado fin de semana se dedicó a sacar todos los bienes que allí se encontraban, tales como cuatro rockeros, dos plantas eléctricas, un patrol, una retroexcavadora, una gandola, un vibrocompactador, un camion Tritton, dos volquetas y varios motores, por eso destacamos 4 funcionarios y esperamos más refuerzo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo Yánez, acotando que “el gobierno revolucionario no permitirá el desmantelamiento de esta empresa de carácter estratégico, muy a pesar de que sea privada, y tampoco que se perjudique a 35 trabajadores”.
El mandatario local recordó que muchos de los encargados de las obras que se ejecutan en la entidad compran la arena en este establecimiento, de allí que manifestó su preocupación por el destino de los planes urbanísticos que se adelantan en el municipio. Asimismo señaló que algunas obras de la Misión Ribas están paralizadas por esta misma situación, así como las que ejecuta el complejo Haier. “Nosotros no permitiremos que se pongan en riesgo las obras de interés nacional”, dijo Yánez, quien añadió que el Ministro de la Vivienda está al tanto de la situación presentada.
“Nos quieren expropiar”
Stephan Angrisani, uno de los dueños de la arenera La Vega, negó los señalamientos del alcalde Yánez y aseguró que la medida aplicada por Min-Ambiente “es la punta de lanza y una excusa para luego las autoridades expropiar este lugar”.
Contó que, tras la denuncia de un vecino en cuanto a que la arenera estaba estrechando el cauce del río Tuy, una comisión ambiental les abrió un procedimiento administrativo, “al cual nosotros podemos contestar y después se verá si hay motivos para sancionar, pues confiamos en nuestro trabajo, apegado a las normas”.
“Estamos abiertos a cualquier investigación, siempre y cuando se respeten las leyes”, dijo Angrisani, quien acotó que de buenas fuentes conocieron que Min-Ambiente debía recomendar en su informe la medida de expropiación para luego el gobierno nacional proceder.
Angrisani, quien descartó alguna intención de abandonar el país, reconoció que el pasado fin de semana sacaron algunas maquinarias de la compañía pero aclaró que simplemente “resguardamos el patrimonio de nuestra empresa, pero estamos dispuestos a regresar una vez que el gobierno nos dé garantías de trabajo”.
Negó que en algún momento, antes de la paralización que les impuso Min-Ambiente, hayan suspendido el despacho de materiales a la Misión Ribas, al complejo Haier o a las empresas encargadas de los planes habitacionales en el municipio.
Angrisani aseguró además que a pesar de que están parados, el personal a su cargo tiene garantizado su pago y sus beneficios. “Ellos están cumpliendo horario pero más que eso están resguardando su sitio de trabajo”, acotó.
Por su parte el abogado de la cantera La Vega, Manuel Alfredo Rincón, rechazó la medida de Poli-Yare de impedirle la entrada a la arenera, así como a los dueños. “Eso es una propiedad privada”, agregó el abogado, quien aspira hacer contacto con Min-Vivienda para que los ayude a que Min-Ambiente levante la medida de paralización, de tal manera de estar operativos en una semana. “Nosotros tenemos listo material para despachar ya, y en una semana podríamos ponernos a tono con la nueva producción”, dijo.
Entre tanto, Nixon Angulo, Gerente de Operaciones, dijo que esta cantera cumple labor social ayudando a las comunidades. “Cuando las vías se deterioran por las lluvias la empresa pone a la disposición sus maquinarias”, dijo, acotando que la compañía le sigue pagando a su personal.
Angulo indicó que esta cantera, que tiene 7 años funcionando, está certificada por el Ministerio del Ambiente como un botadero de material de relleno y en las afueras actualmente se encuentran numerosos camiones en espera de vaciar los escombros.
MIP-TUY Agencia
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