Vladimir Ramírez, hermano menor del venezolano Ilich Ramírez, alias Carlos, juzgado en apelación en París por cuatro atentados cometidos en 1982 y 1983 en Francia, lamentó este lunes la falta de apoyo del gobierno venezolano en el proceso judicial.
«No ha habido apoyo alguno por parte del gobierno de Venezuela» en el proceso, declaró por teléfono a la AFP en Caracas el hermano del imputado.
Al iniciarse el proceso este lunes en la mañana, Carlos sorprendió al tribunal al afirmar que había prohibido a sus abogados habituales venir a defenderlo mientras las autoridades venezolanas no asumieran los gastos de su defensa, por lo que fueron designados abogados de oficio.
Sin embargo, Vladimir dijo que el Estado venezolano «nunca se ha hecho cargo de los gastos de los abogados» e insistió en que la familia pide que el Estado venezolano, «que tiene la obligación de defender a cualquier ciudadano del país», asuma el proceso de su hermano como «una cuestión de Estado».
«No es un problema meramente económico, va mucho más allá», declaró Vladimir, que aseguró que la abogada y esposa de Carlos, Isabelle Coutant-Peyre, regresó a Francia después de pasar varios días en Caracas, adonde acudió en busca de apoyo del gobierno venezolano.
«Estos días no hubo ningún contacto con el gobierno», agregó.
En diciembre de 2011, la justicia francesa condenó a Carlos a cadena perpetua, con una pena de seguridad de 18 años, por cuatro atentados cometidos en Francia en 1982 y 1983 (en una calle de París, en un tren París-Toulouse, en una estación ferroviaria de Marsella y en un tren de alta velocidad Marsella-París) que causaron once muertos y cerca de 150 heridos.
Carlos apeló ese veredicto y el que empezó este lunes es el juicio de apelación. Según Vladimir, en el juicio de 2011 algunos funcionarios de la embajada estuvieron presentes y le dieron a Carlos un apoyo «limitado», con visitas a la cárcel y «algo de ayuda humanitaria».
En esas mismas fechas, el entonces presidente Hugo Chávez – fallecido el pasado 5 de marzo de cáncer – ordenó a su gobierno «averiguar» la situación en que se hallaba Carlos para que Caracas asumiera su «responsabilidad» y velara por el respeto de los derechos del venezolano.
Carlos está encarcelado en Francia desde su detención en Sudán en agosto de 1994. Declarado culpable en 1997 tras un primer juicio por el asesinato en París de tres hombres, dos de ellos policías, el venezolano fue condenado entonces a una primera cadena perpetua.
