Activistas y dirigentes de Voluntad Popular en los 23 estados de Venezuela, exigieron en las sedes regionales de la Defensoría del Pueblo y/o Ministerio Público, instancias del Poder Moral Republicano, que esta instituciones públicas garanticen el debido proceso y los derechos humanos de su dirigente nacional, G/B (r) Antonio Rivero, privado de libertad desde hace más dos semanas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
“La Defensoría del Pueblo debe ser garante de los derechos humanos de todos los venezolanos, y en el caso particular de nuestro compañero, Antonio Rivero, este organismo debe tomar urgentemente cartas en el asunto porque se están cometiendo graves violaciones al debido proceso”, apuntó el responsable político de VPA en el estado Sucre, Juan Rodríguez, desde la sede regional del organismo público, señalando que el ex general desde su detención se encuentra incomunicado, sin tomar sol y hasta hace horas en una protesta de huelga de hambre, que lo deja en una condición de salud, según sus familiares, bastante deteriorada.
“Por demás, la propia detención de libertad es jurídicamente inaceptable”, expresó el diputado a la Asamblea Nacional por la entidad sucrense, José Gregorio Noriega, al resaltar que el juez de la causa “presumió la culpabilidad de Rivero por ser directivo de Voluntad Popular, cuando el principio jurídico establece lo contrario”, afirmó.
En la sede de la Defensoría del Pueblo del estado Zulia, Ángel Machado, responsable político de la tolda naranja en la entidad, exigió la inmediata liberación de Rivero, justamente porque no puede presumirse su culpabilidad. “No puede ser que primero se acuse, se declara culpable de un delito tipificado en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, a partir de un video manipulado y luego se investiga. No queda duda de que Antonio Rivero, manipulado hombre democrático por convicción, de lenguaje claro, de principios y de gran coraje está siendo juzgado y señalado por expresar sus ideas, y como tal se ha convertido en el primer preso político del Gobierno de Nicolás Maduro”, sentenció.
“Rivero es culpado simplemente por alzar su voz y hoy lo señalan como culpable por instigación para delinquir desde una asociación, y la única asociación a la cual pertenece es Voluntad Popular. ¿Es que acaso luchar por la democracia es delito para este gobierno?”, se preguntó desde la sede del Ministerio Público en el estado Anzoátegui, el responsable regional de VPA, Armando Armas, acompañado del candidato unitario por la tolda naranja la alcaldía de Guanta, Isrrael Caraballo y diputados de la Unidad. “Nos señalan por pensar distinto, pues hoy nos declaramos culpables, culpables por creer en la democracia, por defender nuestros derechos y por no amilanarlos ante un régimen ilegítimo”, sentenció Armas.
“De no obtener respuestas en estas instancias nacionales, pues iremos a las internacionales; por ello estamos impulsando una solicitud a la Organización de Estados Americanos para que se pronuncie en relación con este caso y se active la Carta Interamericana Democrática”, finalizó desde la sede la Defensoría del Pueblo en Valencia, Juan Carlos Osorio, responsable de la tolda naranja en la capital carabobeña.
