Los campesinos Valentín Caravantes, Celso Ruiz y Celedonio Avelar murieron el pasado viernes en un supuesto enfrentamiento con guardias privados por la invasión de unas tierras en el municipio de San Manuel, del departamento de Cortés, norte de Honduras
TEGUCIGALPA.- El sector campesino de Honduras se declaró en «estado de alerta» después del asesinato el pasado viernes de tres labriegos en el norte del país y pidió al Gobierno que haga «justicia», informó hoy un dirigente del gremio.
El dirigente de la organización Vía Campesina, Rafael Alegría, declaró escuetamente a periodistas que los campesinos hondureños están «en estado de alerta» y, además, exigen al Gobierno que preside Porfirio Lobo que haga «justicia».
Los campesinos Valentín Caravantes, Celso Ruiz y Celedonio Avelar murieron el pasado viernes en un supuesto enfrentamiento con guardias privados por la invasión de unas tierras en el municipio de San Manuel, del departamento de Cortés, norte de Honduras.
En el ataque también resultaron heridos los hermanos Adolfo y Santos Melgar.
«Lo que ocurrió fue una masacre y ahora es una masacre colectiva. Van más de cien muertos y no pasa nada», lamentó Alegría.
Agregó que en las próximas horas los movimientos campesinos mantendrán una reunión de «urgencia» con el objetivo de «planificar estrategias de respaldo» para los labriegos de San Manuel.
El portavoz del Movimiento Campesino San Manuel (Mocsam), Marvin Morales, aseguró este sábado a Efe que los labriegos «llegaron pacíficamente y fueron agredidos» por los guardias privados de la Compañía Azucarera Hondureña Sociedad Anónima (Cahsa), donde ocurrió el supuesto enfrentamiento.
Además, denunció que «la matanza» ocurrió frente a agentes de la Policía que «no hicieron nada para evitar el asesinato», ni detuvieron a ningún guardia privado.
La empresa azucarera ocupa más de 4.200 hectáreas de tierra de manera «ilegal», pues esas tierras fueron expropiadas en mayo de 2012 por el Instituto Nacional Agrario «por estar arriba del techo» que establece la Ley de Reforma Agraria, explicó el portavoz.
De acuerdo a la ley Agraria, ninguna persona natural o jurídica puede tener más de 250 hectáreas de tierra y de ser así debe solicitar al Estado un permiso de autorización de sobretecho.
Lobo no ha podido resolver el conflicto entre campesinos organizados y terratenientes, que ha dejado unos 92 muertos, la mayoría labriegos, en los últimos tres años.
Agencias
