El secretario de Salud del estado Miranda, Gustavo Villasmil, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a que se atienda la demanda que representantes de organizaciones de derechos humanos consignaron contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en cuanto a irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de medicinas provenientes de Cuba.
“El ente administración de justicia venezolano debe ser capaz responder a las denuncias que están presentando estos ciudadanos, las cuales son muy graves, porque se está colocando en riesgo la salud pública del país. De este modo, debe fijar posición lo más pronto posible para que el Ministerio rinda cuenta sobre los procesos de adquisición de medicamentos, almacenamiento y sí estos productos están aptos para ser administrado a los pacientes; debido a que en el 2011, la Contraloría General de la República reveló que se habían encontrado medicamentos vencidos entre 1 y 6 años en centros asistenciales del Gobierno central”.
En este sentido, el representante de Salud del estado Miranda, sentenció que el consumo de medicamento inapropiado o vencido puede traer consecuencias tóxicas devastadoras para el ser humano.
“El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de velar por el buen estado de los medicamentos, pues es el órgano competente en garantizar la calidad de estos productos, así como composición, registro sanitarios. Además debe certificar que los remedios sean dispensados de forma correcta y segura, de lo contrario los efectos pueden ser muy devastadores para los pacientes, incluso la muerte”.
Villasmil aseguró que en el país hay dudas sobre el origen de las medicinas importadas por el Gobierno central. “Es lamentable que muchos de estos productos no cuentan con registro comercial y ni sanitario, y esto crea desconfianza en el pueblo, porque todo producto distribuido en el país debe ser aprobado por el Instituto Nacional de Higiene, de lo contrario, deben denunciarse e incluso prohibirse su venta. Hay que tener claro que en el campo farmacéutico existen laboratorios ilegales, las cuales expenden medicamentos que no cumplen con parámetros de calidad. Esperemos que no sea el caso de las medicinas cubana”.
Lamentó que el Ministerio de Salud no haya atendido las solicitudes de las organizaciones Espacio Público y PROVEA, las cuales pedían información sobre la aplicación de las recomendaciones hecha por la Contraloría en el año 2011. “Esta es la segunda vez que dichas ONG introducen una demanda por este caso. Esperamos que la Justicia venezolana establezca responsabilidades administrativas para que el Ministerio aclare las irregularidades detectadas”.
