Algunas recientes decisiones merecen un poco de atención y reflexión, sobre todo por los escenarios que a futuro se puedan presentar tanto en lo social como en lo político. Entre estas advertir lo peligroso que sería para nuestro país retroceder a épocas ya superadas, en las que lo militar regía los destinos de la seguridad.
La evolución del concepto de seguridad se ha caracterizado por la prevención como regla y por darle carácter civil. Las Naciones Unidas a través del PNUD ha insistido en la importancia de superar conceptos militaristas sobre el resguardo de las personas y los bienes. En un principio, Latinoamérica estuvo marcada por la salida de fuertes dictaduras militares y por ende los inicios del concepto de seguridad estuvieron acompañados de principios militaristas y por una tendencia hacia el concepto de seguridad de Estado, es decir de soberanía territorial. Avanzándose en la búsqueda de la igualdad y del respeto a los Derechos Humanos el concepto se fue configurando como seguridad ciudadana, con más espacio para la protección de los bienes y de las personas en el marco del desarrollo social, hasta pasar por la seguridad personal con relevancia en el derecho a la vida y desde 1999 en la aprobación de un novedoso concepto como el de seguridad humana, con una visión no sólo civil, sino integral donde no sólo los bienes y las personas son relevantes sino el entorno, la salud, el trabajo, para que definitivamente el ciudadano pueda desarrollarse a plenitud y con calidad de vida.
Hay que buscar expertos y
no apelar a “amiguismos”
El desborde de la inseguridad en Venezuela ha sido ya reconocido políticamente, se viene trabajando desde hace un tiempo. No obstante lo últimos anuncios asoman la tendencia a colocar en manos de militares el desarrollo de planes y proyectos.
Llama la atención que siendo Hugo Chávez un militar, su concepto de seguridad se inclinó más hacia lo civil colocando durante cuatro años a un civil y criminólogo al frente de todos los proyectos, dejando como balance positivo la incorporación de valiosos expertos criminólogos, abogados, sociólogos, al desarrollo de planes y políticas públicas de mediano y largo plazo como: Consejo Nacional de Policía, Policía Nacional Bolivariana, Comisión Desarme y la Misión a Toda Vida.
Con la actual gestión la seguridad ha sido dejada en manos de militares, cuyos principales anuncios se han orientado a disponer de militares en algunos sectores del país para el desarrollo del Plan Patria Segura. No quiere decir que un militar no pueda ejercer funciones para la seguridad. No se trata de un rechazo subjetivo, sino sustentado en la visión que se ha asumido como moderna, fundamentalmente porque la mentalidad y preparación de un militar es totalmente distinta a la de un civil que se ocupe del diseño de las políticas públicas desde la prevención. Esto no los hace buenos o malos, sino competentes para otras funciones y tareas.
La Misión a Toda Vida no contemplaba patrullaje militarizado, tampoco la colocación de redadas o de planes sectorizados con militares, por el contrario el mayor énfasis estaba en la prevención en su fase inicial. La cabeza directiva de los proyectos se encabezó por Soraya El Achkar y Pablo Fernández, expertos en el área y con ideas claras de los pasos a seguir tanto por formación académica como por experticia práctica. Según se ha publicado en Gaceta Oficial los cambios han determinado la salida de personal experto, como Pablo Fernández quien también dirigía la secretaria técnica de la Comisión Desarme. Estas sustituciones producirán grandes retrasos y la difícil comprensión de actividades y proyectos que diseñados con anterioridad con una visión distinta a la que se está anunciando en la actualidad.
Si hay cosas que deben cambiar es importante que se hagan por los expertos y no por conveniencia política o amiguismo. La experiencia en la visión integral del problema y no sólo desde la represión es importante, entre esto resulta relevante el hecho de incorporar el diálogo y la apertura a profesionales y técnicos que modernicen los conceptos y los hagan aplicables en áreas diversas no bajo la imposición sino bajo el desarrollo de cultura ciudadana e internalización de normas y principios.
La paz: un
estilo de vida
Los anuncios aislados con fines comunicacionales que no vayan acompañados de resultados palpables sólo generarán más frustración y afianzamiento de grupos delictivos organizados. La comunidad debe ser incluida y el concepto de paz debe adoptarse más allá de una nomenclatura ministerial como parte de un estilo de vida basado en la ciudadanía, en la prevención, en la cultura y en la educación, y no en la militarización.
Represión no evita
la delincuencia
La represión sólo ocupa un espacio de las políticas públicas dedicarse solo a ella solo nos convertirá en perseguidores y encarceladores, pero no producirá la disminución de los índices delictivos ni evitará que existan más y peores delincuentes. Las líneas de acción deben ser coherentes, articuladas y engranadas dentro de espacios comunes que arropen los objetivos propuestos
Mónica Fernández
Twitter: @monifernandez
