La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su condición de presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, solicitó a la Corte Marcial y a la Fiscalía Militar el acceso a los expedientes de lo que calificó como la “época oscura” (1958-1998), con el fin de establecer las responsabilidades penales por desapariciones, torturas y homicidios ocurridos durante esas décadas.
Ortega Díaz y los miembros de dicha Comisión sostuvieron una reunión, la mañana de este lunes 03 de junio, con el presidente de la Corte Marcial, general de brigada Josué Pernía Méndez; y con el fiscal general militar, general de división Juan Carlos Hidalgo Pandares, con el fin de coordinar el trabajo que realizarán los expertos que se encargarán de hacer el trabajo de revisión de los expedientes y documentos que reposan en los archivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Durante el encuentro, la máxima representante del Ministerio Público explicó a los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de qué forma está integrada la Comisión y realizó un recuento del trabajo que realiza este grupo de personas conjuntamente con los familiares y víctimas de las distintas violaciones de los derechos humanos registrada durante esa época.
“De 1958 al 1998, el Estado venezolano vivió una época oscura, donde muchos venezolanos fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por razones políticas, y hasta ahora había sido imposible lograr unificar y entender la necesidad de que estos hechos se investigaran”, reiteró.
Dijo que hacer justicia pasa por buscar los antecedentes, documentos, pruebas y todos aquellos elementos que sirvan para esclarecer los hechos. “Hacer justicia significa buscar la verdad, buscar los elementos probatorios y de convicción para incorporarlos al acervo probatorio, que después nos permita a nosotros solicitar las sanciones para los responsables”, expuso.
Detalló que el grupo de personas que será designada por la Comisión para trabajar en la revisión de los expedientes, estará conformado por fiscales del Ministerio Público, expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, del Archivo General de la Nación y representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes se encargarán, además, de manipular y tratar los documentos que estén contaminados por el tiempo que tienen archivados.
