En tres de los dieciséis casos atendidos por la Red de Apoyo no se ha hecho justicia pues el proceso penal, a pesar de los años que han pasado, se encuentran en su primera fase preparatoria, que es la etapa donde se recogen todas las pruebas y los elementos que permiten fundar la acusación del fiscal o fiscala y la defensa del imputado o imputada
Yosmar Alexander Aldana
Bastidas: 5 años de impunidad
Fue ajusticiado el 18 de octubre de 2008 presuntamente por funcionarios de la Policía Metropolitana en Casalta 3, Caracas. Su madre, Sonia Bastidas, no quiere dejar de creer en la justicia, a pesar de los cinco años de angustias, tristeza, rabia y frustración que ha padecido a la espera que el Ministerio Público se pronuncie y concluya la investigación.
Josan Aular Marquina y Carlos
Eduardo García Marquina:
6 años de impunidad
Los hermanos Marquina fueron ejecutados el 25 de noviembre de 2007 presuntamente por funcionarios de la Policía Metropolitana en el Barrio Nueva Tacagua de Caracas. La señora Carmen Marquina, madre de estos jóvenes, no ha desmayado en su afán de lograr justicia. Sin embargo, el Ministerio Público no ha terminado la investigación después de 6 años de ocurridos y denunciados los hechos. Carmen sigue esperando sanciones para los asesinos de sus hijos.
Robert Linares Herrera:
10 años de impunidad
Fue ajusticiado de un tiro por la espalda el 27 de abril de 2003 presuntamente por funcionarios adscritos a la Policía del estado Vargas en el Barrio Aeropuerto de Catia La Mar, estado Vargas. Su madre, Zoraida Herrera, ha padecido sufrimientos y desgaste emocional a lo largo de estos 10 años buscando justicia, pues no solo le arrebataron injustamente a su hijo Robert sino que luego de 10 años ni siquiera puede destacar que el Ministerio Público haya concluido la investigación.
Estos son tres casos de Impunidad que acompañamos desde la Red de Apoyo. En palabras de Diana González, Coordinadora del Programa de Atención Integral a personas Victimas, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, hablamos de impunidad “Cuando el Estado no es capaz de generar efectivos mecanismos que posibiliten el logro de justicia y reparen el daño causado en las personas víctimas y sus familiares”.
Justicia a paso lento
En tres de los dieciséis casos atendidos por la Red de Apoyo no se ha hecho justicia pues el proceso penal, a pesar de los años que han pasado, se encuentran en su primera fase preparatoria, que es la etapa donde se recogen todas las pruebas y los elementos que permiten fundar la acusación del fiscal o fiscala y la defensa del imputado o imputada.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el resultado de la investigación puede derivar en los siguientes actos conclusivos:
• Archivo fiscal: no hay elementos suficientes para acusar. El Ministerio Público archivará el caso hasta que aparezcan pruebas.
• Sobreseimiento:
A.- Cuando el hecho que está siendo analizado no se realizó o no puede atribuírsele al imputado o imputada.
B.- El hecho no se corresponde con lo establecido en la ley o existe una justificación.
C.- Hay inculpabilidad o no punibilidad.
D.- La acción penal ya ha extinguido o ya fue juzgada anteriormente.
E.- No exista la posibilidad de incorporar nuevos datos y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada.
• Acusación Fiscal: ocurre cuando el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento y puede presentar la acusación ante el Tribunal de Control.
Si esta primera etapa concluye en una acusación, continuará el proceso penal con sus siguientes fases: la intermedia, el juicio oral y público y la fase de ejecución. Sin embargo, en los tres casos que presentamos hoy, es una incógnita si el proceso penal va a avanzar o no.
La eterna espera que duele
Nos preguntamos ¿Qué explicación les dan a las madres de estos jóvenes asesinados a esta tremenda demora en la justicia para sus casos?
“El asesinato de mi hijo tuvo mucha dilación de la fiscalía, faltan todavía investigaciones, la prueba balística de los culpables del homicidio de mi hijo… ha habido muchas trabas: el cambio de los jueces ha sido la principal… eso es lo que yo me he fijado”, señala Sonia Bastidas, madre de Yosmar Alexander Aldana Bastidas.
“Soy una madre cuyos hijos fueron ajusticiados por agentes de la Policía Metropolitana en el 2007 y han trascurrido ya seis años y todavía no se ha conseguido las pruebas suficientes para juzgarlos. No por negligencia de la fiscalía, sino porque el CICPC no ha enviado las suficientes pruebas a la fiscalía para que esta empiece a procesar el caso de mis dos hijos….”, expresa Carmen Marquina, madre de Josan Aular Marquina y Carlos Eduardo García Marquina.
“La verdad es que son 10 años de espera, están perdidas las pruebas, han cambiado de fiscal varias veces y esa es una angustia, uno se desencanta…”, apunta Zoraida Herrera, madre de Robert Linares Herrera.
En su testimonio sencillo, estas mujeres resaltan algunos de los múltiples obstáculos que deben enfrentar las víctimas cuando deciden activar el sistema de administración de justicia. Consideramos desde la Red de Apoyo, que esto debe de cambiar y por ello, realizamos la Campaña Más Justicia menos Impunidad para impulsar la Reforma del Sistema de Administración de Justicia.
Siete recomendaciones
a los poderes públicos
**** Para el avance en el respeto y garantías de los derechos humanos, en la Red de Apoyo además consideramos necesario:
1. Promover un presupuesto que garantice el eficiente funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, y el nombramiento de nuevos fiscales y fiscalas.
2. Promover concientización sobre la prohibición absoluta de las ejecuciones sumarias y de hacer justicia por su cuenta.
3. Garantizar que los funcionarios y las funcionarias policiales o militares denunciados o denunciadas por participar o en violaciones de derechos humanos sean suspendidos o suspendidas del ejercicio de sus funciones durante la investigación de la misma.
4. Promover la formación en derechos humanos para todas las miembras y todos los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial.
5. Investigar imparcial e independientemente todas las denuncias relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos.
6. Los fiscales y las fiscalas del Ministerio Público deben denunciar a las funcionarias y a los funcionarios de los organismos de investigación que no cumplan con sus funciones, retardando la investigación y propiciando la impunidad.
7. En caso de muerte, a causa de armas de fuego, por enfrentamiento con la autoridad o por accidente o error en procedimientos policiales, el levantamiento del cadáver y de las armas, pertenencias u otros objetos, que puedan constituirse en pruebas, deben ser realizados por funcionarios o funcionarias de un cuerpo de seguridad distinto del involucrado en el hecho, previa notificación inmediatamente al Ministerio Público.
Liliana Cadena
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
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