Las labores que realizó la empresa P. MAX 24 C.A, supuestamente perteneciente a un pariente consanguíneo a la alcaldesa de El Hatillo, pueden no ser verificables dado la naturaleza de baja envergadura que las convierten en transitorias
El pasado viernes, Rafael Albertos, presidente de la Comisión de Hacienda y Contraloría del Concejo Municipal de El Hatillo, solicitó ante el Ministerio Público abrir una investigación por presuntos hechos de corrupción que habrían sido registrados por la alcaldía de la jurisdicción, al pedir los servicios de una empresa que supuestamente pertenece a un pariente consanguíneo de la burgomaestre, Miriam do Nacimiento.
Sin embargo, deducir si las siete obras a cargo de la contratista identificada como P.MAX 24 C.A, fueron llevadas a cabo o no, podría ser inauditables dado a su naturaleza de baja envergadura, que las convierten en transitorias.
Los trabajos que superan los 4.700 millones de bolívares fuertes y que según los registros del edil comenzaron a ejecutarse desde septiembre de 2012, básicamente se fundamentan en “rehabilitación y mejoras” de ciertos estructuras, como vías, aceras, cloacas, sumideros, entre otras; lo que pueden “imposibilitar la labor contralora de la gestión”; aunque actualmente varias siguen en ejecución.
“No son tangibles. Es muy complicado hacer una evaluación exhaustiva de las obras, cuando se habla de limpieza y reparación, quizás lo que supuestamente arreglaron volvió a deteriorarse y pueden ofrecer elementos para justificarlo. Lamentablemente no existe una gestión de cómo juzgar estos proyectos”, explicó el edil.
Demanda prosigue
Pero la demanda por presunta corrupción prosigue, pues la irregularidad está en el supuesto hecho de influenciar el convencimiento de contratos a favor de una persona directamente relacionada con la alcaldesa de la jurisdicción, situación que violenta artículos de varias leyes, como la Ley Contra Corrupción, el Estatuto de la Función Pública, el Código Penal y la Constitución de la Republica.
“Incluso debe ser tomados en cuenta los artículos 27 y 33 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, porque en este caso no hubo solamente una persona involucrada, sino que existe un grupo implicado. De hecho, vale la pena preguntarse por qué los miembro de la Comisión de Hacienda y Contraloría que ejercieron el año pasado no denunciaron, ni investigaron este caso”, señaló Albertos.
Asimismo, aclaró que la acusación se basa sólo en exploraciones a los documentos del año 2012-2013. Por lo que desconoce si situaciones como estas, fueron ejecutadas en el recorrido de los años anteriores que lleva activa la alcaldesa Do Nacimiento.
Sin intensiones políticas
A miras de las próximas elecciones municipales en el mes de diciembre, esta situación pondría presentarse como un “llamado de alerta” para la intensión a voto de los hatillanos, ante el posible lanzamiento a reelección de la burgomaestre. No obstante, el concejal negó esta intención y alegó que sólo “esta cumpliendo con su deber”.
“Yo en ningún momento quiero hacer de esto un tema de naturaleza política. Simplemente estoy realizando mi trabajo, porque de no hacerlo y ocultar esta realidad, me estoy haciendo cómplice de estos presuntos casos de corrupción”, concluyó.
Acoso de concejales
Rafael Albertos, presidente de la Comisión de Hacienda y Contraloría del Concejo Municipal de El Hatillo, denunció que esta siendo acosado y sometido por sus colegas, con el fin de lograr la destitución de la delegación que preside luego de manifestar presuntas irregularidades cometidas por la alcaldía de la jurisdicción.
“Los concejales, exceptuando el Héctor Catalán, han intentado realizar cambios de comisiones a mitad de año, lo que es irregular y que no se ha visto en ningún parlamento de Venezuela, sólo para sacarme del cargo. El primer intento lo hicieron bajo la figura de un acuerdo que no realizaron por ser ilegal, pero ahora lo intentan modificando el reglamento de Interior y Debate”, rechazó.
Hizo responsable de cualquier cambio a los concejales del Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democracia y PSUV, pues aseguró que en Cámara se evita discutir la denuncia ante el Ministerio Público, se le ha negado el derecho de palabra y se le prohibió emitir actos administrativos.
“¿A que le temen? Prácticamente se está violentando mi derecho al debido proceso, sin ningún tipo de justificación. De los ocho años que llevo como concejal, sólo este año he sido contralor y es la primera vez que se denuncia corrupción esta ante el Estado, ningún edil lo había hecho antes”, destacó.
Finalmente, señaló que esta situación también fue denunciada ante la Contraloría General de la Republica en la división de Municipios. “Aunque estemos en un proceso de unidad, debemos actuar con transparencia ante todas las cosas”.
Anabel Barrios Díaz
