Las invasiones en diversas zonas del país, sobre todo en Caracas se han convertido en una mafia y es que voceros vecinales denuncian que cabecillas de los grupos que toman las edificaciones, exigen a los dueños de estas el pago de hasta 300 mil bolívares a cambio de desocuparlas.
Así lo manifestó Carlos Julio Rojas, quien preside el Frente en Defensa del Norte de Caracas, indicando que en la avenida Urdaneta, frente al Ministerio de Interior y Justicia están tomados los edificios Nazareth, Sarela 1 y el 133. En este último, el líder invasor le exigió al propietario del inmueble una alta suma de dinero para retirarse del lugar.
Asimismo, informó que en la parroquia El Recreo van 37 edificios invadidos y que por causa de la presión vecinal organizada, es que se han logrado desalojos de inmuebles tomados. Asimismo, en La Candelaria, San Bernardino y El Recreo han sido tomadas ilegalmente 74 estructuras. Añadió que si se suman las ocurridas en San José y Altagracia, supera el centenar.
«Las invasiones violentan la propiedad privada, la convivencia ciudadana y la seguridad, porque esos sitios se convierten en focos de inseguridad y tráfico de drogas», señaló Rojas. «Esto se ha convertido en un negocio para las personas que no tienen donde vivir», puntualizó.
Invaden en la Baralt
Vecinos de la avenida Baralt se sorprendieron al notar que en las ventanas del edificio Santa Ana, ubicado en la esquina Guanábano habían afiches y pancartas con imágenes relacionadas a la revolución bolivariana, además de hacer mención al Frente de Motorizados de Caracas, quienes en horas de la madrugada tomaron el inmueble forzando las cerraduras.
Los propietarios de la estructura, cuya identidad es resguardada por temor a represalias, indicaron que en el lugar funciona una lotería y una pequeña empresa textilera, la cual era custodiada por un vigilante al que los tomistas le dijeron que podía quedarse, ya que ellos sólo estaban ejerciendo una medida de presión.
Además, resaltaron que si bien la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentó en el lugar durante la madrugada, pero no pudieron hacer nada argumentando la presencia de menores de edad en el interior del edificio. También acudieron a la Fiscalía, donde les dijeron que tendrían que esperar para la designación de un fiscal.
Por su parte, unas vecinas informaron que el grupo estaba conformado por 25 familias, en su mayoría mujeres con aproximadamente 40 niños y que éstos provenían de sectores adyacentes e indicaban que “los negocios no se tocan, pero si arriba está desocupado, dénselo al pueblo que lo necesita. Sólo pedimos ayuda del Presidente Maduro y no nos iremos hasta que nos envíen una comisión de Miraflores”.
Por tercera vez
Por otra parte, se efectuó una invasión más en el antiguo teatro Las Palmas, ubicado en la avenida con el mismo nombre, en donde funciona actualmente una unidad de atención primaria.
La irrupción fue realizada por aproximadamente 60 personas que llegaron al lugar en motos, destrozando una pared del comedor y robando dos centrales telefónicas, un monitor y dinero en efectivo. Además, intentaron romper la puerta del baño de caballeros, pues ahí se escondieron los vigilantes de la clínica.
Así lo señaló Ronald Alfonso, gerente de operaciones del centro, quien indicó que a las 9:00 am la policía y la Guardia Nacional lograran que los tomistas se retirasen por su cuenta y esto gracias al llamado hecho por un grupo de vecinos organizados del sector. Alfonso calcula que esta podría ser la tercera vez que intentan invadir la estructura, desde el año 2010.
Impunidad presente
Las invasiones están tipificadas como delito en el artículo 471 del Código Penal venezolano. Raymundo Orta, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de
Inmuebles Urbanos (Apiur), asegura que la pena para quienes promueven y materializan esta infracción puede alcanzar los 15 años.
“Hay mucha indeferencia por parte de las autoridades nacionales y municipales en la penalización de un delito de tal gravedad. Vemos que los cuerpos de seguridad controlan la situación, pero no imponen arrestos”. Orta agrega que la invasión muchas veces se produce combinada con los delitos de daño a la propiedad y extorsión.
Anarell Romero Pino
Fotógrafo: Jaime Manrique