«La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa», afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría
* Cabe recordar que esta ley prevé una redistribución de las frecuencias mediáticas, la creación de una Superintendencia de Comunicación para vigilar a los medios y la conformación del Consejo de Regulación que deja por fuera a sectores ciudadanos y periodistas. En esta votación participaron 135 de los 137 asambleístas, la gran mayoría del oficialismo, y la votación quedó 108 votos a favor y 26 en contra
QUITO. Asociaciones de periodistas y de medios de prensa, así como organismos de derechos humanos, coincidieron este viernes en calificar como un grave retroceso para la región en materia de libertad de expresión la nueva Ley de Comunicación de Ecuador.
A las críticas que la ley aprobada por mayoría absoluta por la Asamblea Nacional de Ecuador ha despertado en la oposición ecuatoriana, la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador y la ONG Fundamedios se sumaron a organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
«La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa», afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.
La nueva normativa establece la regulación de los contenidos editoriales y otorga a las autoridades la capacidad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa, según la organización de defensa de la libertad de prensa.
«Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión», añadió Lauría, quien denunció que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre «temas delicados».
Aun con más dureza se pronunció, en declaraciones a Efe, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo.
Con la aprobación de esta ley «liberticida» se produce uno de los «retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina», opinó.
Paolillo, como la mayoría de los contrarios a la ley, manifestó su preocupación por dos aspectos, la tipificación como delito del «linchamiento mediático» y la creación de un Consejo de Regulación de Medios.
El «linchamiento mediático» se produce, según la nueva norma, por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
Esa figura leal no es otra cosa que el «establecimiento de un sistema de censura previa» que convierte al mandatario ecuatoriano en el «Gran Hermano» y «Gran Editor» de la nación, subrayó Paolillo.
Se refirió también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, un organismo oficial que «sólo tiene representantes de los poderes públicos», que establece el reglamento que «contienen las sanciones» y «viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos», según el directivo de la SIP.
Además, esta ley faculta al Estado a «imponer contenidos a los medios de comunicación», lo que entraña otra violación de la libertad de expresión, apuntó el también director del semanario uruguayo Búsqueda.
En definitiva, la nueva Ley ecuatoriana se trata de un «conjunto de normas todas contrarias a la libertad de prensa y expresión» que determinan un «retroceso histórico no solo para Ecuador sino para toda América Latina, el más grave de la historia reciente» de la región, concluyó Paolillo.
Por su parte, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio, exiliado en Miami, calificó de mera «formalidad» la aprobación de la ley, ya que, según dijo, su propósito, «acallar las opiniones disidentes», ya se había consumado.
«La aprobación de esta ley era ya casi innecesaria. El objetivo, acallar a cualquiera que tenga una opinión disidente con el Gobierno ecuatoriano, estaba logrado», dijo a Efe el excolumnista del diario El Universo, quien se exilió tras ser condenado a tres años de cárcel por una demanda del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
En Colombia, medio centenar de medios publicaron hoy un mismo editorial con el título «¿Estocada a la prensa en Ecuador?».
La iniciativa partió de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios).
A su juicio, esta ley respaldada por el presidente Correa «desconoce los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de ese país y en tratados internacionales».
Por eso, el editorial de Andiarios considera que el proyecto convierte el derecho a la información «en un servicio público sometido al control y vigilancia del Estado a través del Poder Ejecutivo», lo que pondría en riesgo la subsistencia de medios privados y favorecería la concentración de los públicos.
El Gobierno ecuatoriano y la oficialista Alianza País han defendido la ley como un medio de frenar los abusos de cierta prensa y devolver a los ecuatorianos «la voz» que los «medios monopólicos les han quitado».
Sin embargo, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador, que considera que esta ley «protege la corrupción», agotará «todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país», dijo a Efe su presidente, Vicente Ordóñez.
La organización no gubernamental Fundamedios apuntó, por su parte, que la norma consagra varios temas que ponen en situación «de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa».
«Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista», escribió el legislador opositor Andrés Páez en su cuenta de Twitter. Agencias
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«Linchamiento mediático»
La ley se enmarca en la disputa entre el presidente Rafael Correa y un sector de la prensa al que acusa de manipular la información y adelantar una campaña de desprestigio y desestabilización. Sanín agregó que es posible, incluso, que se hagan cambios de última hora al texto, aunque ya se cursó el segundo debate.
“Se habla de la creación de una Superintendencia para el control de las actividades de medios y de tipificar como delito el ‘linchamiento mediático’. Falta ver cómo lo van a definir después, pero es obvio que amenaza al periodismo de investigación. Incluso se habla de que los medios tendrían que publicar de manera gratuita la publicidad oficial, lo que claramente los dejaría amarrados”.
Esto se suma a normas que ya han sido aprobadas, como prohibir a periodistas, propietarios y socios de medios que participen en cualquier otra actividad económica, además de las descalificaciones, de las presiones y los abusos”, puntualizó Nohora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Diarios (Andiarios).
• El Tiempo / Colombia
