A través de un comunicado. la Cámara Inmobiliaria de Venezuela rechaza la resolución que publicó el Ministerio de Vivienda y Hábitat en la Gaceta Oficial número 40.186 por considerarla «un nuevo ataque frontal contra la propiedad privada”. El presidente del gremio inmobiliario, Aquiles Martini Pietri, criticó que con esa medida el gobierno pretende, una vez más, establecer limitaciones y controles a la propiedad privada, y expresó que en los últimos años este tipo de normativas solo han empeorado la situación de viviendas en el país.
Resaltó que esta resolución afecta a más de 18 mil inmuebles repartidos en todo el territorio nacional que en años anteriores fueron intervenidos o expropiados por el gobierno, y que ahora, debido a esa resolución, solo podrán ser vendidos a la empresa estatal Inmobiliaria Nacional, con un precio fijado por el propio gobierno, durante los siguientes 5 años.
«Supongamos usted compró un inmueble y que ese inmueble está valorado en una determinada cantidad de bolívares, y entonces el Ministerio interviene la obra y te dice que solo vas a poder vender tu propiedad al gobierno, y a un precio que ellos establezcan. ¿Es esto o no una violación del principio constitucional de propiedad privada que está expresado en el artículo 115 de la Carta Magna? Sí, lo es, porque el artículo constitucional habla de la capacidad de disponer de los bienes», explicó Martini Pietri.
Martini Pietri aclaró que cuando esas viviendas fueron expropiadas por el gobierno, con el argumento de una supuesta estafa inmobiliaria, nunca apareció ninguna sentencia que comprobara que los promotores de viviendas habían incurrido en un ilícito. «Aquí ha sucedido una acción irregular y violatoria de la propiedad tras otra, primero el gobierno expropió edificios alegando estafa inmobiliaria y nunca probó esas acusaciones, y ahora a las familias que compraron esas casas y esos apartamentos también les afectan sus derechos, porque los forzarán a vender al gobierno a un precio inferior al valor del mercado», explicó.
Martini Pietri llamó a que se haga una revisión imparcial de los desarrollos urbanísticos que fueron expropiados y cuyos promotores nunca recibieron pago justo por los bienes que habían producido, ni tampoco compensación por los daños morales de ser acusados de estafadores sin pruebas. Asimismo llamó a la sociedad civil a involucrarse y a defender el derecho de propiedad de todos los ciudadanos venezolanos en las instancias donde ese derecho sea afectado.
«Es hora de ser solidarios entre los venezolanos, entender que el patrimonio de una familia es su fuente de riqueza, su sostén para el futuro, y el gobierno cada día más quiere controlar y amarrar ese derecho. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el propósito final de este tipo de regulaciones? Las normativas anteriores, como la Ley de Arrendamiento, que centralizó todos los alquileres en un solo organismo gubernamental, han dado resultados negativos», dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
«Si fijas controles excesivos de precios para las viviendas, siempre pondrás el precio por debajo del mercado, porque si no ese control no tendría ningún sentido, es decir, obligas a vender a pérdida, y nadie va a vender a pérdida, perjudicándose a sí mismo y a su familia, y mientras esto ocurre y no se diseña un verdadero plan productivo con el sector público y el sector privado la situación de viviendas en el país sigue complicándose», declaró Martini Pietri.
