El régimen de Nicolás Maduro incurrió en una serie de delitos electorales que generan dudas sobre los resultados de los comicios presidenciales de abril, concluyó una misión de observadores independientes del Instituto de Altos Estudios Europeos que estuvo presente en Venezuela durante la jornada de votación, así lo publicó El Nuevo Herald.
ANTONIO MARIA DELGADO | ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM
El presidente del instituto, Gustavo Palomares, quien encabezó la misión, dijo creer que los delitos electorales pudieron haber alterado el verdadero resultado de los comicios.
“Yo creo que sin duda pudo haber habido una alternación importante en cuanto al resultado final”, declaró Palomares desde España, ofreciendo una opinión como experto electoral que va más allá de las conclusiones del informe.
“Creo que ante ese margen tan escaso de votos [entre los dos candidatos] y con las más de 1,300 incidencias contabilizadas, y teniendo en cuenta que no se han cruzado los tres instrumentos de control de voto, que son el recuento en voto automático, el recuento en acta y en cuaderno de escrutinio, y teniendo en cuenta […] las bases fundadas [que establecen que los delitos electorales fueron cometidos] que es sin duda posible [que la alteración haya ocurrido]”, explicó en una entrevista telefónica.
En su informe, la misión de observadores también cuestionó la legalidad de la candidatura de Maduro, señalando que existen suficientes indicios para concluir que violó las disposiciones de la Constitución que le obligaban a renunciar de su cargo público antes de registrar sus aspiraciones presidenciales.
Maduro fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales del 14 de abril por un margen inferior al 1.5 puntos porcentuales frente al opositor Henrique Capriles.
El informe explica que la elección fue llevada a cabo bajo un ambiente poco propenso para la realización de un proceso libre y transparente, ya que se caracterizaba por el abuso de las instituciones del Estado por parte de un régimen que mostraba el “firme propósito de conservar el poder a toda costa”.
“Se observa una abierta y reiterada violación de normas y procedimientos que conduce a acrecentar las sospechas de una suspensión del Estado de Derecho”, estableció el informe.
“Las instituciones del Estado han perdido su neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”, sostuvo.
La misión, que estuvo debidamente acreditada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para monitorear los comicios, dijo que el proceso también fue realizado bajo un ambiente que mostraba “una clara y abierta identificación” de las instituciones del Estado con uno de los candidatos.
Según el informe, la actuación del CNE genera dudas sobre su imparcialidad, asumiendo un papel de protagonismo y desempeñándose como “la institución más apta para salvaguardar la última voluntad del líder”, en referencia al fallecido ex presidente Hugo Chávez.
La sospecha de su parcialidad es incrementada por la negativa del organismo de atender la solicitud de una auditoría introducida por la oposición, resaltó.
