Abatido presunto delincuente apodado «El Randy», líder de una banda, fugado de La Planta. Fue detenido empleado de funeraria, en morgue de Bello Monte
Eduardo Enrique Escalona Castro (40), quien se dedicaba a prestar dinero, fue ultimado a tiros cuando se dirigía a su residencia el lunes 24 a las 5 de la tarde. Se desplazaba por el callejón El Gallo, barrio San Isidro, en Caucagüita, Petare, cuando lo interceptaron cuatro hombres que sin mediar palabra le dispararon. Los vecinos lo llevaron al hospital Domingo Luciani, donde falleció.
Fuentes policiales informaron que conocen a tres de los homicidas, apodados «Pantera», «Estevita» y «Luis».
Liquidaron a
«El Randy»
En un enfrentamiento con funcionarios del Cicpc, cayó abatido un sujeto no identificado, apodado «El Randy», quien estaba fugado de la cárcel de La Planta, donde lideraba una banda denominada «Los Quilombos».
Ayer en horas de la mañana fue ubicado en una cancha de baloncesto que funciona en el edificio de la Misión Vivienda, en la esquina de Velásquez, parroquia Santa Rosalía, y al darle la voz de alto le hizo frente a la comisión.
En el intercambio de disparos resultó herido, siendo trasladado al hospital Periférico de Catia, donde falleció. Andaba sin documentación y portaba una pistola calibre 3.80, la cual está solicitada por el delito de hurto, ante la subdelegación del Cicpc de Guarenas, con fecha 1° de mayo de 2005.
Detenido empleado funerario
Un empleado funerario, que tiene más de 20 años de servicio, fue detenido y puesto a la orden de Tribunales por haber sido denunciado de cobrar por agilizar trámites en la morgue de Bello Monte.
La hija de una señora que murió en Turgua, El Hatillo, asegura que le hizo un cobro indebido. Fuentes extraoficiales informaron que el empleado nunca recibió dinero. Se limitó a exponerle a la dama que el servicio funerario para el velatorio en la casa costaba 7.000 bolívares, y si la llevaban directo al cementerio, eran 3.500. El contrato no se llevó a efecto porque la familia carece de medios económicos y pidieron una colaboración en su comunidad para costear gastos de cementerio.
Los trámites se retardaban porque la fallecida no estaba cedulada, no figuraba en el Saime porque nunca sacó la cédula de identidad. Tampoco tenía partida de nacimiento y para poder sepultarla tenían que hacerle pruebas odontológicas, antropológicas y necrodactilia, que son requeridas en la Fiscalía, organismo que emite la orden para que la incluyan en el libro de defunciones del Registro Civil, y esa autoridad otorgue el permiso de inhumación.
A pesar de estos requisitos, la difunta igualmente debe ser sepultada como persona no identificada.
Este miércoles convocaron para una rueda de prensa en el Cicpc, a cargo de la viceministro de Investigación Penal, María Wandolay Martínez, quien haría el anuncio oficial del caso antes referido, pero a las 10 de la mañana nos notificaron que el acto había sido pospuesto para este jueves, porque la alta funcionaria estaba en una reunión en Fuerte Tiuna.
AA
