La ONG que preside el exmandatario de EE. UU., Jimmy Carter, recomendó al Consejo Nacional Electoral la búsqueda de mayor equidad en las campañas, y procedimientos para prevenir usurpación de identidad y el voto múltiple
El Centro Carter dio a conocer este miércoles un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales especiales realizadas en Venezuela el 14 de abril de 2013, en el que se recomienda una serie de reformas electorales para asegurar una mayor equidad en las campañas, un incremento en los esfuerzos para mejorar el clima electoral el día de la votación y un mayor flujo de información sobre la eficacia del sistema de identificación biométrica y los procedimientos para prevenir la usurpación de la identidad y el voto múltiple.
El informe encontró que la población venezolana, los partidos políticos y los candidatos en general, han demostrado tener confianza en el desempeño e integridad de las máquinas automatizadas de votación a la hora de contar los votos emitidos.
No hay coincidencia, sin embargo, sobre la calidad de las condiciones bajo las que se desarrolló la votación, así como sobre las garantías para asegurar que cada elector registrado pueda votar una vez y sólo una vez. El informe encontró además una serie de inequidades en las condiciones de la campaña, tanto en lo que hace al acceso a recursos financieros como al acceso a los medios de comunicación, todo lo cual disminuye la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal que permite la re-elección indefinida de los funcionarios públicos.
El informe se basó en la información y las perspectivas ofrecidas por una variedad de actores venezolanos, así como en las observaciones personales hechas por el grupo de consultores del Centro Carter radicados en Caracas durante la serie de eventos electorales, comprendida entre febrero de 2012 y junio de 2013, y por los miembros de la pequeña delegación de acompañamiento que viajó al país por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 y el 17 de abril de 2013. El mismo recoge y amplía los análisis presentados en el Informe final de la Misión de Estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela.
El Centro Carter no desplegó una misión de observación integral, por lo que no puede ofrecer una evaluación exhaustiva de las elecciones presidenciales de abril de 2013 en su conjunto.
Como declaró el Centro Carter en su comunicado el 18 de abril, la estrecha diferencia registrada en los resultados electorales, en el marco de una sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política caracterizada por un franco y sostenido diálogo nacional, que facilite la creación de un consenso nacional sobre los problemas que afectan la vida de todos los venezolanos.
Aunque el Centro Carter lamenta que la contienda electoral haya profundizado la división entre el pueblo venezolano, el Centro acoge con satisfacción la decisión de todos los partidos de participar masivamente en las próximas elecciones municipales de diciembre de 2013.
Recomendaciones
En este contexto, el informe ofrece una serie de observaciones y sugerencias para la consideración de las autoridades, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, incluyendo las siguientes:
Aclarar las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña. La ley electoral y su reglamento prohíben a los funcionarios públicos venezolanos la realización de actividades de campaña durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el Centro Carter observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas.
Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto (definiendo previamente «fuera de servicio»).
La autoridad electoral, a su vez, debe determinar maneras de hacer cumplir estrictamente las normas acordadas. Asegurar una mayor equidad en la campaña. Aunque la constitución estipula que los funcionarios electos por debajo del rango de presidente deben separarse temporalmente de sus cargos para presentar sus candidaturas a la presidencia, la misma no exige que lo haga el presidente, cuando éste se presenta como candidato a la re-elección.
Esta circunstancia otorga al individuo que se postula a la re-elección al cargo más alto del país una ventaja. Venezuela es además el único país en la región que no proporciona ningún tipo de financiamiento público, directo o indirecto, a las campañas electorales u organizaciones políticas. En base a las experiencias observadas en otros países dentro de la región, los legisladores y autoridades electorales venezolanos podrían considerar varias opciones: Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. Teniendo en cuenta las normas que permiten la transmisión obligatoria ilimitada de mensajes del gobierno (cadenas) y la publicidad institucional obligatoria y gratuita (anuncios de servicio público), y considerando el hecho de que, al mismo tiempo, se imponen límites estrictos a la propaganda electoral de los candidatos y organizaciones cívicas, las campañas venezolanas han tendido a evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los electores sobre sus plataformas políticas.
Asegurar el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación públicos y privados a todos los partidos que participan de la contienda electoral podría contribuir significativamente a nivelar las desigualdades actuales y acrecentar la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal en el que se permite la reelección indefinida de funcionarios públicos. Regular y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo «preelectoral».
En la actualidad no existen normas claras para regular los mensajes de campaña emitidos durante el llamado periodo «pre-electoral» (que se extiende desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio oficial de la campaña). Una regulación clara al respecto ayudaría a reducir los numerosos conflictos que surgen comúnmente durante este período debido a la ausencia de normas. Limitar o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las elecciones. México, Colombia y Brasil aportan algunos ejemplos en este campo, que podrían ser aprovechados por Venezuela. Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido o coalición. México es un ejemplo de los límites estrictos que pueden imponerse sobre el presidente para hacer campaña en nombre de los candidatos de su propio partido. Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral.
Distintas organizaciones y partidos locales se han quejado asimismo de la utilización indebida de oficinas gubernamentales y personal por parte de funcionarios públicos para alentar a empleados públicos a participar en actividades políticas y acudan a votar o para amenazarlos, en caso éstos se nieguen.
NP
