Acabar con “El obligadito” es otra misión para renovar el régimen carcelario
“Más vale una libertad peligrosa que morir en la prisión, esta frase para muchos reos resulta una alternativa a la hora de buscar su libertad, dado que la falta de justicia a tiempo y el vivir en un lugar inmerso en la violencia lleno de amenazas depende de su sobrevivencia, lo que ha propiciado su deseo de huir”, como se registró el pasado lunes en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof).
Así lo dijo el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien explicó durante una entrevista ofrecida al diario La Voz, que en 14 años el Gobierno aún no ha podido solucionar una estructura carcelaria, ya que no ha concedido los recursos suficientes para atender las necesidades del recluso. “Más allá de garantizarle alimentación y salud es incentivarlo a una actividad física a fin a cubrir sus tiempos de ocio”.
Según señala el también abogado, la idea clave es contar con un personal adiestrado que resguarde el recinto penitenciario, que no sólo tenga la destreza y todas aquellas habilidades que pueda tener un funcionario de seguridad, sino que también cuente con capacidades de educar y enseñar para reinsertar a la población reclusa a la sociedad, una vez que culmine su período de condena.
No ataca el problema de raíz
“En el caso de lo que ha venido ocurriendo en el penal de Yare, la responsabilidad recae en la gestión gubernamental, debido que hasta ahora no han podido reorganizar el régimen carcelario”, dijo el profesional, quien precisa que a pesar de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el cual lleva tres años, aún no se ha evidenciado resultados favorables en cuanto al retardo procesal.
Destacó que el Gobierno impulsa operativos disfrazados con el nombre de planes, como el Cayapa, dado que éste resuelve el problema momentáneo más no permanente.
Y es que, aunque el programa consiste en que los representantes del Ministerio y Defensoría Pública visiten los centros, conversen con cada privado de libertad y revisen su expediente para estudiar a quien le otorgan la libertad, el experto asegura que esto no es suficiente, ya que el número de jueces, fiscales y defensores públicos es insuficiente.
Dato
Según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, existen 54 mil privados de libertad en el país, distribuidos en 36 cárceles, lo que representa un hacinamiento de 200%.
Asimismo reprochó la práctica del conocido “El obligadito”, que consiste en una especie de vacuna que los reos deben cancelar semanalmente entre 350 y 500 bolívares, a fin de lograr sobrevivir.
Mairy Chourio
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