El caso de Edwards Snowden no es un simple episodio de espionaje político, como Watergate, o de la guerra entre potencias, al estilo 007. Este fisgoneo lo hacen manera permanente todos los países, y en particular los más poderosos. A eso lo llaman “inteligencia”. Nada inusual, como ha señalado John Kerry.
Pero lo que ha denunciado el joven estadounidense es otra cosa: que la NSA, la agencia de seguridad de su país, tiene un programa informático que graba la vida privada de todo el mundo, y no sólo a los políticos, agentes secretos del campo contrario o funcionarios de alto nivel de otros países. Millones de pinchazos por segundo interfieren los emails y las llamadas de los ciudadanos comunes y corrientes, sean estadounidenses o de otras naciones.
Snowden no delata, sino que denuncia la violación de un derecho humano consagrado en la Constitución de Estados Unidos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948. Se vulnera no sólo el derecho internacional sino también el derecho interno de otros Estados afectados y de sus habitantes, de manera individual, como posiblemente es el caso de Venezuela. Un acto ilícito contra la privacidad, ejecutado a distancia, lo que no exime de responsabilidades jurídicas y que pudiera ser procesado por notitia criminis por los tribunales de cualquier país.
Por supuesto, en Estados Unidos se encuentran suspendidas, de algún modo, las garantías constitucionales por tiempo indefinido, desde el atentado de las torres gemelas (Patriot Act). Pero, como se sabe, frente a la violación de los derechos humanos no hay ninguna obligación de guardar silencio por lealtad o disciplina. Ante todo, prevalecen los derechos fundamentales. Si un funcionario ha podido observar, por ejemplo, que se tortura, está en la obligación de informar. Snowden tuvo conocimiento directo de la cotidiana violación del derecho a la intimmidad, acción en la que él mismo participaba. ¿Cuál era su deber?
Ahora, todo lo señalado hasta aquí es del dominio público y casi todo el mundo sabe lo que pasa. Pero hay quienes lo aceptan porque “el fin justifica los medios” y porque, supuestamente, la violación de los derechos humanos es garantía de seguridad.
Frente a estos hechos, la actitud del Gobierno venezolano, que ha venido siendo acusado por la oposición de realizar labores de “inteligencia”, ha sido la que se esperaba, tanto en su contenido como en la forma vehemente de expresarlo. Pero, en el caso de los partidos de oposición llama la atención la actitud que han asumido, puesto que una de sus banderas es “la defensa de los derechos humanos”. En esta ocasión sus principales voceros han guardado silencio o han respaldado la utilización del programa Prisma de grabaciones masivas, por considerar que Washington está en su derecho. En ningún momento han mostrado solidaridad con Snowden por las denuncias que ha realizado. Por lo demás, no es coherente que sea precisamente la oposición la que se oponga al asilo de quien está siendo perseguido por defender derechos civiles. Un verdadero contrasentido, que tendrían que explicar.
Leopoldo Puchi
