La opinión pública venezolana está indignada por la masacre, perpetrada, supuestamente, por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado viernes en el estado Falcón, en las que fueron asesinadas una madre venezolana y una de sus hijas. De acuerdo a las informaciones que han divulgado los medios, 10 funcionarios de la GNB, por equivocación, propinaron 50 disparos al vehículo donde se trasladaban las víctimas, lo cual no tiene ninguna justificación, ni siquiera porque estarían persiguiendo a delincuentes que se trasladaban en un vehículo similar.
La actuación de los funcionarios viola elementales derechos humanos. Los involucrados deben recibir el castigo previsto en las leyes y las autoridades tienen que evaluar lo que significa tener militares en la calle cumpliendo funciones de seguridad ciudadana.
Aun cuando el ministro de seguridad Rodríguez Torres ha señalado que “la unidad de funcionarios no estaba enmarcada dentro del Plan Patria Segura”, lo sucedido en el estado Falcón debe llevar al gobierno a desistir de utilizar a los militares en funciones de seguridad en las calles, porque, como bien han apuntado los expertos, no están debidamente entrenados para llevar adelante labores de seguridad ciudadana.
El país decente está de duelo. Mientras el gobierno no entienda que el tema de la seguridad amerita el concurso de todos los actores que puedan colaborar para poder articular políticas serias y efectivas para combatir al hampa, a las mafias organizadas que ejecutan secuestros a diestra y siniestra, los índices del delito no bajarán, y seguirá la impunidad, los asesinatos y extorsiones.
La añorada y esperada aprobación de la Ley Desarme todavía no rinde frutos, todos los lunes nos asombramos al conocer las cifras, siempre extraoficiales, de personas asesinadas en el país. De acuerdo a cifras extraoficiales del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) citadas en su informe de 2012, el año pasado se registraron 21.000 asesinatos, lo que eleva la tasa a 73 muertes por cada 100.000 habitantes, uno de los índices mas altos del mundo.
Por si fuese poco, el pasado domingo se dio a conocer que hallaron dos niños que habían sido secuestrados también en el estado Falcón, lo que evidencia la grave situación de inseguridad de esa importante región del país.
Lo lamentable es que el ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, considere que con solo anunciar que se aplicara todo el peso de la ley a los involucrados en el suceso todo está resuelto. El problema es mucho más grave, el gobierno debe conocer que gran parte de los venezolanos lamentablemente no confía en los funcionarios de seguridad del Estado, ni en los militares ni en los policías. El país espera verdaderas soluciones, no palabras.
Coordinador Nacional de Independientes por el Progreso
Noel Alvarez
Twitter: @alvareznv
