La noticia sobre la muerte de una madre y su hija adolescente, en el estado Falcón, en manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, revive, una vez más, esos titulares nefastos que resaltan esas ya acostumbradas equivocaciones en el actuar operativo de cuerpos de seguridad, que le cuestan la vida a los inocentes, mientras los delincuentes gozan no solo de amplia vida, sino de una abrumadora impunidad. A estos no los alcanza ni la justicia ni las balas.
Si leemos las noticias del 17 de marzo del año pasado que reseñaban la muerte de la hija del Cónsul honorario de Chile en Maracaibo, Karen Berendique, podremos recapitular las mismas excusas, las mismas razones, las mismas justificaciones y los mismos pasos a seguir, pero nada le devolverá la vida ni a Karen, ni a los estudiantes de Kennedy, ni a Luimener Pacheco y su pequeña hija.
Repetición constante de “hechos aislados”
El dolor de las víctimas es desgarrador, no sólo porque la partida de un ser querido ya es dolorosa, sino porque además mueren como si fueran ejecutados en pena de muerte, como los peores delincuentes. No hay duda que los procedimientos anteriores y las condenas impuestas a los funcionarios autores de esos delitos, que además constituyen violación de derechos humanos, no son aleccionadoras, menos aún inhibitorias de conductas arbitrarias y excesivas de personal de seguridad pública.
Los sucesos se repiten con frecuencia, muchos pasan desapercibidos porque en ocasiones se trata de jóvenes irrelevantes para la sociedad, a quienes les siembran armas o drogas para justificar su muerte. Tiene razón el Vicepresidente de la República al afirmar que es un hecho aislado y que no se trata de una política de la institución, pero hay que revisar hasta que punto la repetición constante de “hechos aislados” nos está arrojando un mensaje de inadecuadas prácticas que obligan a la revisión de quienes componen los cuerpos de seguridad, cuál es su proceso de selección y más aún de formación.
Injustificable proceder policial
Esto lleva implícito un cuestionamiento necesario sobre la utilización de militares en el proceso de seguridad ciudadana o personal. No se trata de etiquetar a los militares como malos o incapaces, lo que no hay duda es que han sido formados para algo totalmente distinto a la prevención y represión del delito común, han sido instruidos para la seguridad de Estado con unas características distantes y distintas a la de las funciones que están cumpliendo.
El argumento sobre el cual se ampararon quienes dispararon, contra el vehículo en marcha de esta madre trabajadora, son imposibles de toleran en el ámbito de los derechos humanos y en el marco de las normas, no sólo internacionales sobre actuación policial, sino aquellas que de manera importante y relevante han salido del propio Ministerio del Interior y Justicia. Hablamos del uso progresivo de la fuerza y de la fuerza letal como última instancia a la que se puede recurrir, temas éstos sobre los que el Consejo General de Policía ha no sólo insistido, sino instruido a todos los funcionarios policiales nacionales, estadales y municipales, de manera teórica y práctica en la búsqueda del respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la autoridad policial, lejano a la mala praxis en la actuación operativa.
Aún cuando se tratara de un evadido, un delincuente en huída, no es justificable que más de 10 efectivos disparen y agoten sus cargadores contra un vehículo, del cual no sale ni un solo disparo. El error o el exceso no son justificables y denotan no sólo malas prácticas, sino deficiencias operativas graves que revelan mala preparación y una adrenalina descontrolada por la satisfacción de disparar repetidas veces, en la búsqueda de la muerte de los tripulantes del vehículo. Si dentro de ese vehículo hubiese viajado un delincuente los actuantes serían ascendidos y condecorados, como resultó ser una familia inocente, perderán su vida en una cárcel, sin causa de justificación alguna.
Pésima percepción
El problema es que la actuación desviada de esos funcionarios sólo se va a traducir en que la percepción ciudadana sea de mayor desconfianza en sus autoridades, en un mensaje de inhibición de actuación en otros funcionarios, por el miedo a ser enjuiciados y por ende a un fortalecimiento de la actuación de los delincuentes que cada día se apoderan de más espacios que ha perdido la autoridad. Corrupción, violación de derechos humanos, malas prácticas policiales, omisión en el ejercicio de sus funciones y falta de respuesta ante las denuncias formuladas por las víctimas, son las características que los ciudadanos atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado.
Con estas actuaciones que producen además conmoción pública se incrementa el deterioro y la ruptura entre el ciudadano y quien debe velar por su seguridad, con la consecuente crisis de autoridad y de debilitamiento de las instituciones hacia afuera, pero también hacia adentro de estas.
En conclusión, la anomia y la anarquía ganan espacio, mientras la seguridad y la autoridad lo pierden. Las autoridades terminan transmitiendo más temor que los delincuentes, grave para la realidad que vivimos.
TIPS PARA QUE TE DEFIENDAS
1.-Urge la reconducción de los planes de seguridad con la participación de funcionarios militares. La seguridad ciudadana debe ser civil uniformada, no militarizada. Corremos el riesgo de militarizar instituciones que se han diseñado para cumplir otros roles
2.-Se debe iniciar un proceso de acercamiento del ciudadano a sus cuerpos de seguridad, más aun si se decide mantener a los militares en funciones eminentemente civiles. Este trabajo se hizo en Río de Janeiro luego de la masacre en Rosa Linda, donde la policía militar (que es civil) asesinó a cientos de personas inocentes y culpables, en una clara y abusiva práctica policial desviada.
3.-Sería irracional aprobar como respuesta a esta situación reformas legales penales como Código Penal, Código Orgánico Procesal Penaly Código Penitenciario, porque una vez más estaríamos respondiendo a un fenómeno social con una reforma legislativa inútil y frustrante.
4.-Hay que detener de manera definitiva este modo de actuar fortaleciendo la formación de los funcionarios, no sólo en niveles de fuerza, en derechos humanos, sino también en tácticas y técnicas operativas que aumenten su efectividad sin necesidad de masacrar a quienes persiguen o a quienes pasan inocentemente por delante de un punto de control.
Mónica Fernández | Twitter: @monifernadez