La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Unidad, Delsa Solórzano se solidarizó, y condenó la persecución política que el gobierno emprendió en contra del abogado, José Amalio Graterol.
Solórzano resaltó que dentro de las leyes venezolanas, al abogado está protegido de ser enjuiciado por ejercer la legítima defensa de su cliente; por lo que consideró que condenar a Graterol por obstrucción de justicia responde a dos objetivos claros del gobierno: enviar un mensaje a los profesionales del derecho a que no se acerquen a los casos de perseguidos políticos y continuar amedrentando a la jueza María Lourdes Afiuni.
“Primero la dejan sin voz y ahora pretender cercarle a su abogado como medida de presión”, indicó la diputada al Parlamento Latinoamericano, haciendo referencia a la Jueza que, a su juicio, permanece en un estatus de libertad condicional, pues se le permite salir a la calle, más no hacer uso de su voz crítica con libre albedrío.
Además expresó que esta acción muestra las contradicciones del Gobierno, liberan a Afiuni, a quien tuvieron injustamente presa, pero se ensañan con su abogado, dejando ver el verdadero rostro de quienes hoy ostentan el poder.
