Decenas de empresas, en su mayoría ilegales o de “maletín”, saquean todavía en Venezuela, centenares de ríos y otros cursos de agua, y otros depósitos de arena y cantera, con impactos ambientales grave, con la omisión y hasta la complicidad de autoridades de diferentes niveles del Estado. A unos y otros, pareciera importarles muy poco el riesgo de destrucción de ecosistemas, flora, fauna y asentamientos agropecuarios proveedores de alimentos y empleos locales.
Autoridades y empresarios, involucrados en esos supuestos ilícitos ambientales, hacen acopio de excusas y pretendidas justificaciones para hacer desistir a los ciudadanos y poblaciones afectadas de hacer denuncias o implementar acciones de protección, conservación y defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Incluso, llegan a combinarse para utilizar la fuerza policial o militar para arremeter contra quienes debieran objeto de la protección del Estado y sus instituciones.
El subterfugio de moda en estos últimos años es que se requieren significativas cantidades de metros cúbicos de grava y arenas para la llamada Misión Vivienda. No es extraño ver el desvío de estos materiales para ser aplicados en obras de construcción y mantenimiento vial, mejor compensados en jugosos contratos privados con entes públicos.
¡El agua es la vida! Pero es lo que básicamente se agota y degrada por la extracción de arenas y gravas de los ríos y montañas del país. El agua es esencial en todos los aspectos de la vida cotidiana; pero sus fuentes o cabeceras son destruidas por las areneras y explotadoras de granulados. Se reduce las posibilidades de abastecimiento básico de agua potable, para producir alimentos y proteger la salud, para producir energía y para el desarrollo industrial, para la ordenación sostenible de los recursos naturales y para la conservación del medio ambiente. El agua es base de culturas, indígenas y afrodescendientes, pues tiene vinculación con valores religiosos y culturales.
Inaguantable
La mejor palabra u adjetivo que pudimos encontrar para describir la larga cadena de ilícitos ambientales que a diario se suceden a lo largo y ancho del país es inaguantable. Significa indignación ante tanta desidia institucional y tanto afán ecocida. Nadie aguanta –y todos nos aguantamos la indignación- por tanta indolencia, dejación, irresponsabilidad, incompetencia y corrupción de funcionarios. Para usar una palabra de moda en estos días en Venezuela, ¡el medio ambiente y sus recursos naturales y construidos mueren literalmente de mengua!
Crimen sin castigo
La extracción y consiguiente explotación de arenas, gravas y otros aglomerados en los ríos y otros cauces de agua en el país, con permiso o sin el permiso de las autoridades competentes, sin estudios previos de impacto ambiental y la presentación de planes de remediación, mitigación o restauración de daños y riesgos, constituyen ilícitos ambientales que, por tal, implican sanciones penales, administrativas y pecuniarias. ¿Por qué no se conoce de uno, de un solo corruptor de ríos hecho preso y castigado por daños al medio ambiente?
Y merecen cárcel, arresto y multa puesto que niegan, contrarían y violan las leyes de ambiente, de agua, de suelos, de calidad atmosférica, entre otras muchas, provocando degradación y destrucción de hábitats, desaparición de humedales críticos y biodiversidad privilegiada, al poner en riesgo asentamientos humanos con actividad productiva agrícola y ganadera, comprometiendo en forma difusa la seguridad alimentaria nacional y local.
El pretexto de siempre:
obras públicas
Antes era la necesidad de la reforma agraria y las indispensables vías de penetración agrícola. Ahora, con gran desparpajo, la construcción de la ya bastante desacreditada Misión Vivienda para Damnificados. Cualquiera excusa es válida para justificar y esconder grandes y medianos negociados con base en la explotación y destrucción de ríos, montañas, costas y playas.
Al margen de los
organismos internacionales
Nuestro país, tan dado a hacerse presente y ser disonante en cuanto evento o cumbre internacional o mundial se celebre en cualquier ciudad del mundo, es un país de espalda a los lineamientos de los Días Ambientales Mundiales o a las directrices de los Años Internacionales del Sistema de Naciones Unidas. Son estrategias para apoyar a las naciones en la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Decenio Internacional para la acción “El agua, fuente de vida” 2005/2015; Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua; y Día Mundial del Agua 2013.
De hecho, el tema del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación 2013 fue la escasez de agua y la sequía, con un lema concienciador, ¡No dejes que nuestro futuro se seque! Pide adoptar medidas para promover la preparación y la resistencia a la escasez de agua, la desertificación y la sequía.
Disposiciones legales
La Ley Orgánica del Ambiente define el daño ambiental como «Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos».
La Ley Penal del Ambiente establece que «Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados al ambiente por quienes resultaren responsables de los delitos previstos en esta Ley». Sanciona la extracción de minerales no metálicos dentro de la zona protectora de ríos y quebradas.
Ilícitos ambientales
están denunciados
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus competencias, en el marco de las auditorías de gestión ambiental, afirma: “ha detectado como se gestan multiplicidad de actividades que van en detrimento del ambiente, afectando y disminuyendo las capacidades naturales de los ecosistemas que conforman la cuenca de ríos, y por ende generando un daño que resultaría irreversible”.
En el Informe Anual del Fiscal General de la República del año 2004 se determina que “Las actividades ejercidas por el Ministerio Público, en materia ambiental, encuentran…altos niveles de degradación ambiental reportados actualmente, ante lo cual se hace imperioso el efectivo ejercicio de las acciones penales y civiles derivadas de aquellos hechos tipificados como delitos, así como el examen, vigilancia y fiscalización de aquellas actividades que directa o indirectamente puedan incidir sobre el ambiente y velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento ambiental”.
Sí, efectivamente es un negocio criminal que enriquece funcionarios y lucra a empresarios inescrupulosos a costa del sacrificio de las cuencas productoras de agua del país y países vecinos en manifiesta violación de las Leyes, Acuerdos y Tratados.
Hernán Papaterra
hpapaterra@yahoo.com
