Gracias a la ayuda del soldado Bradley Manning, declarado hoy culpable de violar la Ley de Espionaje de EE.UU., WikiLeaks divulgó cientos de miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado, lo que causó roces con otros países y enemistó para siempre a su fundador, Julian Assange, con Washington.
Manning, quien puso a disposición del portal WikiLeaks esos documentos y otros también clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán, fue absuelto de «ayudar al enemigo» por esas filtraciones, un cargo por el que el Gobierno estadounidense había pedido la cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena.
Sin embargo, acusado de una veintena de cargos, Manning fue encontrado culpable de violar la Ley de Espionaje y se enfrenta a una pena máxima de 154 años de prisión.
WikiLeaks se define en su web como una organización sin ánimo de lucro que comenzó a operar en 2007, con una «red de voluntarios de todo el mundo» y cuyo objetivo es «publicar información importante» para el público.
De la organización se empezó a hablar en abril de 2010 cuando divulgó un vídeo que cuestionaba la versión oficial de Estados Unidos en torno a un ataque aéreo ocurrido en Bagdad en 2007.
En ese ataque murieron once personas, entre ellas dos empleados de la agencia de noticias británica Reuters.
Más tarde llegaron las filtraciones sobre las guerras de Afganistán e Irak, que sacaron a la luz numerosas denuncias de torturas y abusos que Estados Unidos nunca investigó y muertes de civiles de las que no se informó.
Pero lo que dio fama mundial a WikiLeaks fue la publicación en noviembre de 2010, a través de diarios como The New York Times, The Guardian y El País, de cientos de miles de cables y comunicaciones clasificadas cruzados entre el Departamento de Estado y las embajadas de EE.UU. en todo el mundo.
El secretario de Justicia de EEUU, Eric Holder, anunció en respuesta la apertura de una investigación criminal contra WikiLeaks de la que apenas han trascendido detalles.
La diplomacia estadounidense quedó al descubierto con esos cables, a través de los cuales se supo que Washington comparaba al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez con Hitler o que pidió información a su embajada en Buenos Aires sobre el estado mental y de ánimo de la mandataria argentina, Cristina Fernández.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era acusado en algunos de los cables de estar financiado por el narcotráfico y de no tener capacidad mental para dirigir los destinos de sus compatriotas, mientras que otros apuntaban a «operaciones clandestinas» de Colombia en Venezuela durante la presidencia de Álvaro Uribe.
El malestar provocado por las revelaciones fue más allá en casos como el de la que fuera embajadora de Estados Unidos en Quito, Heather Hodges, quien en abril de 2011 fue declarada persona non grata e invitada a dejar Ecuador por unos cables secretos acerca de la Policía ecuatoriana.
En 2011 WikiLeaks publicó más cables de la diplomacia estadounidense pero dejando al descubierto la identidad de fuentes protegidas, lo que le valió críticas, y en 2012 sacó a la luz más de cinco millones de correos electrónicos de la empresa privada estadounidense de seguridad Stratfor.
Mientras, el «cerebro» de WikiLeaks, el australiano Assange, está desde junio de 2012 asilado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde es requerido por supuestos delitos sexuales que él niega.
Pese a las garantías que ha dado Suecia, Assange teme que ese país lo entregue a EE.UU., donde considera que podría ser víctima de torturas y enfrentar la pena de muerte.
Su madre, Christine Assange, recordó el año pasado los rumores de la supuesta existencia de un gran jurado en Estados Unidos que estudia evidencias para posibles cargos contra su hijo.
«Parece ser que los cargos pueden ser los de espionaje, incluso los de traición, colaboración con el enemigo, es decir, acusaciones no ya fuera de lugar, sino totalmente insostenibles en un estado de derecho», indicó entonces el exmagistrado español Baltasar Garzón, que integra el equipo legal que defiende a Assange.
Las «represalias» contra Assange o más recientemente contra Edward Snowden, quien filtró los programas secretos de espionaje del Gobierno de EE.UU., se producen porque este tipo de «informantes» están «haciendo una diferencia como nunca antes se había visto» con sus revelaciones.
Así lo indicó hoy en una conferencia en Washington Thomas Devine, director legal de la organización Proyecto de Responsabilidad Gubernamental (GAP, en inglés) y defensor de los derechos de los informantes.
Stephen Kohn, director ejecutivo del National Whistleblowers Center, otro grupo del mismo tipo, resumió que lo que ha ocurrido con Assange o Snowden, a diferencia de escándalos como el del Watergate, es «el reconocimiento de los informantes como necesarios para cualquier democracia funcional».
EFE
